El atroz crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes al bombardear en la ciudad de Gaza el Hospital Bautista, adscrito a la Iglesia Anglicana, y perpetrado el Domingo de Ramos, uno de los días más sagrados para los cristianos, constituye una flagrante violación de todos los valores religiosos y humanos. La destrucción del único hospital cristiano en la Franja de Gaza, que data del siglo XIX, representa un insulto directo a la comunidad cristiana en Palestina y en el mundo, un desprecio por la santidad de las festividades religiosas y un ataque a una institución humanitaria que atiende diariamente a cientos de personas enfermas y heridas. El ataque aéreo israelí contra la unidad de cuidados intensivos, la de emergencia y la farmacia no fue un accidente, sino más bien un crimen que se enmarca en una política deliberada de Israel para destruir todos los aspectos de la vida en la Franja de Gaza. El ejército de ocupación ha destruido intencionadamente 34 hospitales desde el comienzo de la agresión como parte de una política integral de aniquilación. El mundo no puede seguir permaneciendo en silencio ante el bombardeo de un hospital dedicado a salvar vidas con el agravante, si cabe, de hacerlo en un día sagrado, ya que constituye una puñalada en la conciencia de la humanidad que permanecerá indeleble en la memoria de la historia.
Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no es solo una guerra de exterminio, es el resultado de una acción premeditada para eliminar al pueblo palestino de la existencia, desarraigarlo y borrarlo del mapa mediante la limpieza étnica, el genocidio, el hambre y el asedio. La ocupación israelí está practicando una política de tierra arrasada sin tener en cuenta las leyes internacionales ni las cartas humanitarias, utilizando el asedio impuesto a Gaza como herramienta para matar a los ciudadanos, impidiéndoles obtener las necesidades mínimas de vida, imposibilitando la entrada de alimentos, medicinas y agua potable, en un intento de matar la esperanza y quebrar la voluntad de sus habitantes. El objetivo de estos crímenes es imponer al pueblo de Gaza elegir morir por las bombas y de hambre o sufrir un desplazamiento forzado, lo que constituye un crimen y una catástrofe contra la humanidad y una flagrante violación de todas las convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos y el derecho de los pueblos a vivir con dignidad.
La política arbitraria, bárbara e ilegal de la ocupación que exige el desplazamiento del pueblo palestino en lo que el gobierno de ocupación denomina “salida voluntaria”, está en completa contradicción con el derecho internacional, porque cualquier forma de salida que tenga lugar bajo el fuego de los bombardeos y de la guerra y bajo políticas que impiden la ayuda humanitaria y que utilizan el hambre como arma, constituye un desplazamiento forzado, un crimen de guerra, una violación de los derechos humanos y una violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Nuestro pueblo no solo se enfrenta a una ocupación colonial, también a un verdadero genocidio y a crímenes sistemáticos que buscan desarraigarlo de su tierra y destruir su tejido nacional. Por lo tanto, su resistencia pacífica no solo es legítima, sino que es una necesidad existencial, moral y humanitaria ante un proyecto de asentamiento colonial que ignora la existencia de los palestinos. El pueblo palestino se enfrenta a una alianza en la que los palestinos solo son números que deben borrarse, tierras que deben robarse y derechos que se pueden y se deben enterrar en silencio.
La comunidad internacional, el Consejo de Seguridad en particular, tiene plena responsabilidad por su incapacidad para proteger a los civiles y para detener el genocidio contra el pueblo palestino, así como por no poder permitir la entrada de toda la ayuda humanitaria y de socorro a los residentes de la Franja de Gaza. Las operaciones de socorro y reconstrucción deben comenzar de inmediato. Las iglesias del mundo, sus consejos y las instituciones religiosas y humanitarias deben pedir que se rompa el silencio internacional, que se condenen estos crímenes execrables, que se tomen medidas eficaces para proteger lo que queda de las instituciones humanitarias en la Franja de Gaza y se apoye al pueblo palestino que se enfrenta a una guerra de exterminio.
Es hora de que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad adopten una postura firme contra estas constantes violaciones y provocaciones israelíes y demuestren la seriedad y capacidad de decisión necesarias para aplicar las resoluciones de legitimidad internacional y para restablecer los derechos del pueblo palestino, en primer lugar, su derecho a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado libre, independiente y soberano sobre las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.
