Eran las seis de la tarde de ese 20 de agosto de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del Covid, cuando varios contenedores de la empresa bananera Noboa Trading llegaron al puerto Naportec de Guayaquil, con la instrucción de ser enviados urgentemente a Europa. Como de costumbre, la policía antinarcóticos ecuatoriana revisó la carga, y al abrir una de las cajas, descubrieron que en medio de los plátanos había 151 paquetes tipo ladrillo que después de un análisis se supo que era cocaína.
Lo invitamos a leer: Los enemigos del Papa
Luego de confiscarla, los policías elaboraron su informe y arrestaron al representante local de la empresa, pero sólo por unas horas, pues al día siguiente supieron que los contenedores eran propiedad de los hermanos Daniel y John Noboa, hijos del poderoso Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador. La orden fue tajante: escondan el caso, desaparezcan la evidencia y liberen al detenido. Daniel Noboa era entonces diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Dos años más tarde, el 30 de junio de 2022, la policía del puerto encontró un nuevo cargamento de 260 kilos de la droga, ahora, dentro del sistema de refrigeración de un contenedor de la misma empresa. Se confiscó la carga y detuvieron a la misma persona de la vez anterior. Y como antes, se escondió el caso, desapareció la evidencia y el detenido fue liberado. El 24 de abril de 2024, cuando Daniel Noboa ya era presidente de Ecuador, se volvió a encontrar otro cargamento de cocaína en otro contenedor de la empresa y, al final, ocurrió lo mismo que las dos veces anteriores.
En total, la cocaína decomisada a Noboa Trading, subsidiaria de otra empresa llamada Lanfranco Holdings SA, con sede en Panamá, fue de 666 kilos. Todo fue descubierto en abril de este año por dos periodistas ecuatorianos que lograron entrar a los archivos policiales y obtener las pruebas. ¿Qué ocurrió? Nada. El presidente Noboa acepta que la empresa es de su familia pero niega el trasiego de drogas. Los periodistas, Andrés Durán y Anderson Boscán, fueron perseguidos y obligados a exiliarse en otros países y el escándalo fue apagado sin detenidos ni investigación alguna.
Daniel Noboa es el mayor de 4 hijos de Álvaro Noboa Pontón, hijo a su vez, de Luis Noboa Naranjo, quien fue el que fundó la empresa bananera que hizo millonarias a las tres generaciones. El padre del Presidente se educó en colegios suizos al lado de personajes como Winthrop Rockefeller y el rey Faruk II. Quiso ser presidente de Ecuador en cinco ocasiones y en las cinco perdió porque fue acusado de varios delitos, el menor, de defraudación fiscal: la empresa de los Noboa debe 93 millones de dólares de impuestos, que el presidente reelecto dijo que no los va a pagar.
El mandatario ecuatoriano, cuyo nombre completo es Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín (Roy-Gilchrist en español es “Rey servidor de Cristo”) es estadounidense pues nació en Miami el 30 de noviembre de 1987 y adquirió su segunda nacionalidad, la ecuatoriana, cuando regresó al país, luego de concluir sus estudios universitarios en Estados Unidos.
Llegó a la Presidencia de Ecuador en 2023 en sustitución de Guillermo Lasso y de inmediato puso a disposición del gobierno de Estados Unidos la soberanía de Ecuador, para que instale las bases militares que quiera y donde quiera, incluidas las Islas Galápagos, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Debió irse en 2025, pero decidió quedarse a un segundo período hasta 2029. Para reelegirse, desplegó una estrategia de dos fases: una electoral y otra postelectoral.
Fase 1: Decretó ley marcial en siete provincias favorables a su opositora Luisa González; reubicó a última hora 18 de sus colegios electorales dejando fuera a miles de sus votantes; compró votos antes del sufragio y cuando detectó que iba abajo, inventó supuestas irregularidades y mandó a cerrar centros de votación que no le favorecían; prohibió la entrada a observadores extranjeros e hizo campaña sin renunciar a su cargo.
Fase 2: Lanzó el bulo de que sicarios mexicanos atentarán contra él y su familia y, debido a ese peligro, aumentará las medidas del estado de excepción con fuerte respuesta del ejército y policía en caso de protestas callejeras y cárcel a políticos perdedores que las promuevan, fin.
(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista
