Thomas Becker, abogado estadounidense y activista por los derechos humanos, indicó que el gobierno de Bolivia debe estar alerta para garantizar la extradición de Arturo Murillo, ante su posible liberación, a razón de la coyuntura actual en relación a las deportaciones de Donald Trump.
Murillo fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de cárcel en el centro de detención federal de Miami por la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio. Se estima que su salida, programada para el 21 de julio del presente año, pueda deberse a una reducción de condena por buen comportamiento.
En entrevista con La Razón Radio, Becker indicó que el panorama político actual de Estados Unidos, con Donald Trump en la presidencia, podría permear en la extradición del exministro de Gobierno, pues se han registrado casos de personas que han sido deportadas a sitios que no eran sus lugares de residencia ni ciudadanía.
“Se ha deportado a mucha gente a otros lugares y no a donde deberían ser deportados, porque Trump no está siguiendo las leyes de deportación que tenemos aquí, entonces Bolivia tiene que estar en contacto con el gobierno de Estados Unidos para no perder esta oportunidad (…) porque se ha enviado a muchas personas a varios sitios que no son sus lugares de residencia o ciudadanía”, declaró el jurista.
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Becker, también indicó que, si bien existe un tratado firmado en 1995 entre Estados Unidos y Bolivia, que asegura la extradición y establece las condiciones para la entrega mutua de personas acusadas o condenadas por delitos extraditables, este proceso puede verse afectado por algunas consideraciones políticas.
“Tenemos que recordar que el primer Gobierno de Trump apoyó al gobierno de Añez, apoyó a Murillo, y él fue a Estados Unidos para reunirse en el Departamento de Estado, hablar con los políticos de ese gobierno, la relación es muy diferente lamentablemente (…) Hay la posibilidad de que, gracias a la relación con el presidente, pueda quedarse aquí”, declaró.
Al ser extraditado, Arturo Murillo deberá enfrentarse ante la justicia de Bolivia por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, cuando era ministro de Gobierno de Jeanine Añez.





















































































