Siete adolescentes fueron encontrados participando en actividades de minería durante un operativo interinstitucional realizado en inmediaciones del Cerro Rico de Potosí y en predios de cuatro cooperativas mineras.
La Defensoría del Pueblo informó que los menores fueron trasladados a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Alcaldía de Potosí.
“En el operativo interinstitucional se identificó la presencia de siete adolescentes que eran trasladados por cooperativas para realizar labores de minería, actividad prohibida por vulnerar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes y por considerarse un trabajo riesgoso”, declaró Franklin Sunagua, profesional del Servicio al Pueblo de la Delegación Defensorial de Potosí.
Puede leer: ABA lanza podcast ‘Hablemos Seguros’ para informar sobre aseguramiento
El operativo fue ejecutado por la Defensoría del Pueblo junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Jefatura Departamental de Trabajo, la DNA de la Alcaldía de Potosí y el Ministerio Público.
Se desarrolló en la carretera Potosí-Tarija, uno de los puntos de paso hacia las zonas mineras.
Sunagua indicó que los adolescentes fueron puestos bajo custodia de la DNA para iniciar el proceso de restitución familiar. Reiteró que “la protección de los derechos de la niñez es una prioridad” y recordó que el trabajo infantil en minería “no solo es ilegal, sino es extremadamente riesgosa para la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes”.
Durante el operativo también se detectaron graves deficiencias en las condiciones laborales. Se evidenció falta de equipamiento básico de protección y estructuras de acceso precarias en al menos dos cooperativas que recientemente reportaron accidentes fatales.
Según el director de la FELCC en Potosí, coronel Marco Antonio Dávalos, hasta la fecha se registraron 56 decesos dentro de las minas.
La normativa vigente, el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548), establece como edad mínima para trabajar los 14 años, con algunas excepciones reguladas por autorización judicial, de la DNA y de los tutores.
Sunagua anunció que la Defensoría del Pueblo continuará participando en operativos similares durante las próximas semanas, con el fin de prevenir el trabajo infantil y garantizar entornos laborales seguros y dignos.




















































































