Los acontecimientos sangrientos en el curso de la movilización protagonizada por el ala denominada evista que produjo cuatro policías muertos, una vez más, nutre aquellas posturas radicales conservadoras asociadas, por ejemplo, al orden, incluso, aquellos grupos parapoliciales que irrumpieron en la crisis política del año 2019 provocando zozobra, nuevamente, se pusieron en apronte.
En el afán de buscar la habilitación presidencial de Evo Morales, dicho sea al paso, fue otra víctima del lawfare, pero eso no justifica que sus partidarios radicalicen sus protestas al extremis. La crisis económica es el artilugio movilizador que sirve como bandera, pero es un barniz para ocultar el verdadero objetivo político de esta movilización: satisfacer los caprichos políticos de Morales.
El expresidente fue inhabilitado ilegalmente, pero su proceder de un tiempo a esta parte, sacrificó su legitimidad ganada electoralmente desde el año 2005. Su obsesión por el poder hizo que no respetará los resultados del referéndum constitucional. Allí fue el inicio del fin.
Visto desde una distancia temporal, fue el momento de comienzo para que el liderazgo del expresidente se desportille. Quizás lo más perverso de este asunto que generó las condiciones necesarias para la rearticulación de la derecha. Y, aún peor, exacerbó las posturas radicales hasta constituir un movimiento social de los sectores reaccionarios que desembocó, posteriormente, en una ruptura constitucional acompañado con masacres campesinos.
Esos días de furia de noviembre de 2019 se fermentó un demonio. Aquel monstruo que hoy recorre por varios lares: la ultraderecha con toda su miseria humana (racismo y violencia) atizado, además, con un discurso religioso. Esa ultraderecha fue fermentada por una obsesión convulsiva por el poder del expresidente de Bolivia.
En 2017, Morales empujó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a romper con la legalidad para habilitarlo, una vez más, para candidatear en un proceso electoral; hoy, paradójicamente, él —y sus correligionarios— arguye un argumento constitucional para su postulación presidencial. Suena a ironía. Más allá de la cuestión legalidad, está el asunto de la legitimidad que se erige en una cuestión clave para la proyección o la crisis de un liderazgo.
Morales no tomó en cuenta que su imagen está desportillada, jamás pensó, luego de su paso por la Presidencia, él tenía la obligación de cuidar el capital simbólico acumulado, por el contrario, hizo todo lo posible para desgastarla.
La violencia, como mecanismo de lucha política, siempre tiene sus bemoles: uno no sabe en qué desencadenará, porque hay el riesgo de expandirse peligrosamente como en Llallagua. Independiente de los hechos del miércoles 11 de junio, que amerita ser investigados, los mismos son lapidarios para la imagen del liderazgo del expresidente.
Hoy, la imagen de Morales está en su peor momento. Quizás, él es el principal responsable para que los sectores de derecha se radicalicen hasta el punto, a nuestro juicio, de arribar a un terreno propicio para la violencia simbólica atizada de racismo que se expresó en ámbito discursivo, pero, también, físico con el maltrato a mujeres campesinas en noviembre de 2019.
Entonces, luego de los hechos violentos en Llallagua aparecieron atentados en la ciudad de La Paz. Se denuncia que, en las redes sociales, a través de sus cuentas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), aparecieron mensajes racistas convocando a movilizaciones de sectores urbanos, incluso con acciones violentas. O sea: la violencia engendra violencia.
