El Consejo de la Magistratura anunció este lunes que realizará una auditoría integral a los fallos emitidos por el juzgado de Coroico, cuyo titular fue suspendido por dictar una resolución considerada prevaricadora.
Este caso derivó en la renuncia del otrora ministro de Justicia César Siles y abrió una nueva línea de investigación dentro del sistema judicial.
“El trabajo del Consejo no termina aquí; además del proceso penal en curso, se iniciará una acción disciplinaria para garantizar que jueces que actúen al margen de la ley no permanezcan en el sistema”, advirtió el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, en conferencia de prensa.
Consejo de la magistratura
La auditoría estará enfocada en las decisiones del juez Fernando Lea Plaza, quien fue designado durante una convocatoria del anterior Consejo.
Las revisiones incluirán todos los casos con “connotación social” que hayan pasado por su despacho, aunque Baptista aclaró que aún no se tiene un dato exacto sobre el tiempo que estuvo en funciones. “Se va a llevar a cabo auditorías de juzgado en relación a casos de connotación social que haya podido llevar este juzgado”, explicó.
Lea Plaza fue suspendido por cometer, supuestamente, el delito de prevaricato y actualmente guarda detención preventiva, por un periodo de seis meses, mientras se esclarece su actuación en el caso.
Este lunes, la Fiscalía decidió ampliar la investigación e incluir al exministro Siles y al vocal Yván Córdova Castillo.
Fallos
“La intervención iniciada por el Consejo de la Magistratura, a través de la Unidad de Fiscalización y Transparencia de La Paz, ha sido acompañada por el Ministerio Público, que ha concluido que la determinación de este juez ha sido prevaricadora. Quiere decir que la resolución que ha dictado no se adecúa a la norma, no se adecúa al derecho, se ha dictado una resolución que va en contra del orden constitucional”, explicó Baptista.
La resolución judicial en cuestión ordenaba a la magistrada titular Fanny Coaquira entregar sus credenciales para habilitar a su suplente, una acción que —según el Consejo— vulnera gravemente la seguridad jurídica de una autoridad electa.
