El denominado caso Consorcio sacudió el sistema judicial y político en el país al exponer una presunta red conformada por jueces, vocales, un ministro de Justicia y autoridades judiciales. Según la denuncia del caso, dicho consorcio buscaba remover de su cargo a una magistrada electa mediante un fallo coordinado.
Todo comenzó con la difusión de un audio en el que presuntamente se escucha al ahora exministro de Justicia César Siles coordinar con el juez de Coroico Fernando Lea Plaza la emisión de una resolución judicial para la suspensión de Fanny Coaquira, magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) elegida por el voto popular en 2024.
Caso Consorcio
Según la declaración ampliatoria de Lea Plaza, la orden fue parte de una estrategia en la que también estaban involucrados el entonces presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Yván Córdova y la vocal de Sala Penal Claudia Castro. Ambos, según Lea Plaza, ejercieron presión para que el juez cumpliera con la resolución, con respaldo político desde el Ministerio de Justicia.
La maniobra tenía como objetivo habilitar al magistrado suplente Iván Campero, quien también fue aprehendido en calidad de sindicado. Campero debía asumir el cargo una vez que Coaquira fuera apartada, según los testimonios recabados por el Ministerio Público.
Implicados
La situación de los implicados es la siguiente:
Fernando Lea Plaza, juez de Coroico. Imputado por prevaricato, cumple detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, en La Paz.
César Siles, ministro de Justicia. Renunció. Está imputado por los delitos de consorcio y tráfico de influencias. Luego de una audiencia de medidas cautelares que duró más de 10 horas, un juez dispuso su detención preventiva por cinco meses en el penal de Patacamaya. Actualmente, debido a una descompensación de su salud, se encuentra en un hospital de la Paz.
Acusados
Claudia Castro, vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) La Paz. Renunció a sus funciones. También imputada por consorcio y tráfico de influencias, la exautoridad judicial cumple detención preventiva en el penal de mujeres de Obrajes, en la sede de gobierno.
Yván Córdova, vocal y presidente del TDJ de La Paz. Renunció a sus dos responsabilidades. Se encuentra aprehendido y aún se espera la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica. Está acusado de consorcio y tráfico de influencias.
Iván Campero, magistrado suplente de Fanny Coaquira en el TSJ. Bajo detención domiciliaria, la autoridad judicial suplente fue imputada por los delitos de consorcio y tráfico de influencias.
Investigación
Abogado José Ramiro Uriarte. Fue quien presentó la denuncia contra la magistrada Fanny Coaquira. Cumple detención domiciliaria, pero con autorización de salida laboral; está acusado de consorcio y tráfico de influencias.
Las investigaciones por este caso están a cargo de la Fiscalía Departamental de La Paz, y fue declarado en reserva por un lapso de 10 días, para preservar la confidencialidad de las diligencias. La Fiscalía no descartó que la investigación se amplíe a más personas.
El viernes, el abogado de Siles, Franklin Gutiérrez, dijo que los audios atribuidos a su defendido no son pruebas suficientes ni fueron incluidos en el cuaderno de investigaciones.
Al renunciar Siles a sus funciones de ministro, alegó que era víctima de “rumores” que, en su criterio, dañaban su moral y a su familia.
