La justicia boliviana vive la crisis más oscura de lo últimos tiempos. En una entrevista del ciclo #FueraDeAgenda de La Razón, el expresidente de Bolivia y expresidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé y la senadora y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame coincidieron en la urgencia de encarar una reforma estructural que otorgue soluciones legitimidad e independencia al sistema judicial del país.
Un sistema judicial colapsado por la auto prórroga
Ambos juristas alertaron sobre la gravedad del control que ejercen magistrados prorrogados. Rodríguez Veltzé calificó su permanencia como una “usurpación de funciones”, mientras que Salame denunció su influencia directa en decisiones judiciales manipuladas, como el reciente escándalo de los “consorcios”.
“Esta es una de las crisis más graves que ha atravesado el sistema judicial boliviano”, afirmó el expresidente, señalando la inacción del Fiscal General y la complicidad de instancias como la Contraloría o el Ejecutivo.
Por su parte, la senadora Salame recordó que, tras la negativa del Senado de impulsar acciones, presentó una denuncia penal a título personal. A la fecha, el Ministerio Público no ha emitido respuesta formal.
Reformas urgentes y estructurales al sistema
Tanto Salame como Rodríguez coinciden en que la reforma de la justicia debe ser integral, plural y conducida desde el Estado, no desde intereses partidarios. Entre las propuestas concretas figuran:
- Salida inmediata de magistrados prorrogados, por vía legal y administrativa.
- Evaluación nacional a jueces y vocales, con auditoría independiente.
- Reforma constitucional parcial, para eliminar la elección popular de magistrados.
- Incremento del presupuesto judicial, hoy inferior al 0,5% del total nacional.
- Programa de justicia transicional, que resuelva casos políticos y reduzca la detención preventiva abusiva.
- Fortalecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, hoy rezagada pese a su rol clave en el control del poder público.
El Tribunal Constitucional en el centro del conflicto
La crítica al actual Tribunal Constitucional fue directa. Ambos lo identificaron como “el suprapoder” que paraliza la acción legislativa, genera inestabilidad institucional y permite decisiones al margen de la ley.
“No se trata de eliminarlo —aclaró Salame—, sino de depurarlo y redefinir sus funciones, para garantizar el control constitucional con jueces idóneos, no elegidos por compadrazgo político”.
Rodríguez, en la misma línea, apuntó que los fallos constitucionales deberían ser vinculantes y humanistas, por ejemplo, en materia de detención preventiva, que afecta a más de 30.000 personas en el país.
El silencio del Ejecutivo y la falta de voluntad política
Ambos panelistas coincidieron en que la falta de acción del Gobierno frente al colapso judicial es alarmante. “Es inaceptable el silencio del Ejecutivo ante este nivel de corrupción institucionalizada”, advirtió Rodríguez Veltzé sobre el caso «consorcio» en el que se encuentra investigado un exministro de Estado.
Salame fue más allá y sostuvo que “a todos los partidos les conviene una justicia corrupta”, lo que explica la inacción tanto del oficialismo como de la oposición para iniciar una verdadera reestructuración.
Tiempo estimado de una reforma judicial efectiva
Salame y Rodríguez advierten que una verdadera transformación del sistema judicial podría tomar entre cinco y diez años, dependiendo del nivel de voluntad política, consenso interinstitucional y participación ciudadana.
Ambos coincidieron en que el primer paso debe ser simbólico pero contundente: retirar a los jueces prorrogados y reconstruir la legitimidad perdida del Órgano Judicial.
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Conclusiones de los panelistas
Silvia Salame Farjat:
La senadora propone tres pasos inmediatos: expulsar a los magistrados prorrogados, realizar una auditoría externa al sistema judicial y reformar la Constitución para eliminar la elección popular de magistrados. Critica la inacción de la Asamblea y denuncia que el actual modelo beneficia a intereses partidarios.
Eduardo Rodríguez Veltzé:
El expresidente plantea una reforma integral, plural y conducida desde el Estado, con presupuesto adecuado, actualización normativa y políticas públicas judiciales. Propone, además, crear un programa de justicia transicional y fortalecer la independencia real del Tribunal Constitucional y el Ministerio Público.
La Razón subraya que la crisis judicial boliviana, con denuncias de corrupción y politización, impacta directamente la credibilidad institucional y la confianza ciudadana. El medio enfatiza la urgencia de abordar estos problemas para consolidar el Estado de Derecho y promover una sociedad más equitativa en Bolivia.
