El aeropuerto internacional de Chimoré, infraestructura ubicada en el trópico de Cochabamba y que fue edificada a un costo de $us 36 millones, cumple 21 días bajo ocupación de seguidores de Evo Morales.
Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, confirmó daños severos que comprometen su operatividad.
“Actuaron con vandalismo: introdujeron piedras y palos en la pista, quemaron sectores de la plataforma y sabotearon equipos críticos. Estas acciones impiden garantizar condiciones mínimas de seguridad aeronáutica”, protestó.
Puede leer también: Gobierno inicia cosecha grande de algodón en Santa Cruz
Chimoré
De acuerdo con el ministro, los ocupantes ingresaron el 6 de junio alegando la preparación de un «operativo aéreo contra Morales» durante las protestas por su candidatura presidencial. Montaño detalló que los daños van más allá de barricadas.
Sin embargo, la primera toma del aeropuerto ocurrió en octubre del año pasado, cuando el expresidente denunció que funcionarios del Gobierno dispararon contra su vehículo para acabar con su vida.
“Evidentemente nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente hace mucho tiempo”, señaló al respecto Montaño, aunque no especificó avances sobre la identificación o aprehensión de los responsables.
El ministro indicó que la toma de la torre de control y de la pista de aterrizaje impedirá que el aeropuerto cumpla con la “seguridad operativa” que establecen organismos internacionales para las terminales aéreas.
Al ser consultado sobre responsabilidades, Montaño insistió en que “la justicia debe estar avanzando. Esperamos que Evo Morales comparezca ante los estrados».
La terminal sigue inoperativa mientras técnicos evalúan reparaciones que podrían significar un alto costo económico para el Gobierno.
Esta toma ocurre en el contexto de los bloqueos que dejaron un saldo trágico de seis fallecidos, incluyendo cuatro policías, un estudiante universitario y un comunario impactado por bala de salva.
El ministro detalló que presentó una denuncia penal formal contra Morales y los ocupantes ante la Fiscalía de Cochabamba, exigiendo responsabilidades por los daños que paralizan operaciones.
