El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, brindó este miércoles información respecto del avance de las investigaciones por las muertes ocurridas durante los enfrentamientos en Llallagua, atribuibles a sectores afines al evismo. Señaló que al menos 42 personas están involucradas y que se detectó tráfico de llamadas con el Trópico de Cochabamba.
“Se ha podido identificar una comunicación constante desde las zonas del conflicto con el Trópico de Cochabamba, específicamente con Villa 14 de Septiembre”, explicó la autoridad con base en el análisis de registros telefónicos y un radio de operación de 17 kilómetros en la zona del ataque.
Muertes en Llallagua
Dijo que para el análisis “técnico-científico” se valoraron 1.456 números de líneas telefónicas y 786 IMEI.
El operativo policial se remonta al 11 de junio, cuando un contingente fue emboscado en la zona de Aguas Calientes, entre Oruro y Potosí, que resultó en la muerte de tres policías y un civil.
Desde entonces, la Policía, con apoyo del Ministerio Público, realizó un trabajo de rastreo técnico, criminalístico y de inteligencia que derivó en la identificación de los presuntos autores materiales e intelectuales.
Entre los hallazgos de la investigación, el Gobierno identificó a los principales “autores intelectuales” de los hechos.
Primero, nombró al dirigente evista Ramiro Cucho, de quien el Gobierno busca su retornó a detención preventiva tras haber sido beneficiado con medidas sustitutivas, pese a contar con imágenes e informes que lo vinculan a las reuniones previas y a la planificación de los hechos. “Algunos operadores de justicia no quieren que haya justicia para las familias”, lamentó Ríos.
Llallagua
También fueron identificados Milán Mamani Vicente y Raúl Achacata Choquetupa como presuntos organizadores de los bloqueos y enfrentamientos. Ambos están “prófugos” y, según el ministro, se refugiaron en el Trópico, donde “reciben protección”. “Después de abandonar a sus familias, se trasladaron a esa región para luego hacer que sus familias migren también”, denunció.
Entre otros implicados están Rubén Vilma Jorge, David Achacata Choquetupa, José Manuel García Mamani y Gualberto Ríos Pérez. Además, Julián Ticona Vilma fue señalado como financiador de los bloqueos y Eber Mamani Caricay, como proveedor de armamento y explosivos.
Investigación
Uno de los principales avances fue la aprehensión de Galo Jorge Chiri, identificado como presunto francotirador, quien fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro en Oruro. En su domicilio se hallaron proyectiles, explosivos, uniformes militares, celulares y dinero en efectivo. También fue aprehendida su pareja, Guillermina Canaviri, por obstaculizar la labor policial.
En total, se realizaron 10 allanamientos y se aprehendió a cuatro personas. Se secuestraron 73 proyectiles de distintos calibres, 20 kilos de ANFO, dinamita, más de 20 celulares, laptops y 137.573 bolivianos, además de 1.900 dólares y 10.000 pesos chilenos.
Hallazgos
Ríos también advirtió que los flujos de dinero hallados en los operativos y las listas de pagos recuperadas apuntan a un posible financiamiento ilícito, incluso relacionado con el narcotráfico y el contrabando. “No podemos descartar la relación entre estas movilizaciones y actividades ilegales. Solo en Llallagua se incautaron más de 14 toneladas de marihuana”, dijo.
Finalmente, el ministro subrayó que estos hechos no solo buscan desestabilizar el país, sino impedir las elecciones del 17 de agosto. “Hay un grupo que no quiere democracia ni elecciones y que está dispuesto a romper el orden constitucional. Pero no lo vamos a permitir, vamos a garantizar la seguridad y el derecho al voto de todos los bolivianos”, complementó.
Las investigaciones por ese hecho seguirán su curso, según dijo Ríos, hasta “hacer justicia”.
