Bolivia enfrenta una coyuntura política y social marcada por la tensión, polarización, protesta, intolerancia y desgaste institucional. La gobernabilidad, definida como la capacidad del Estado para tomar decisiones efectivas y mantener la estabilidad política e institucional, será la piedra angular que determine si el próximo gobierno tiene margen para implementar reformas profundas y sacar a Bolivia de la crisis.
La gobernabilidad es un concepto dinámico que se adapta a las circunstancias cambiantes y se manifiesta en el ejercicio del poder en una sociedad, buscando el equilibrio entre la incorporación de todos los sectores al diálogo, la apertura a las demandas sociales y la capacidad de respuesta de los sistemas de gobierno y otros actores para lograr el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo.
Algo que deben tomar en cuenta los actuales candidatos a la Presidencia de Bolivia es que, el nuevo mandato deberá gozar de una gobernabilidad fuerte, como punto de partida para abordar los desafíos de la crisis económica, el fortalecimiento de la institucionalidad y la cohesión social. Sin ella, cualquier política pública a implementar, por ambiciosa o urgente que sea, se podría enfrentar a bloqueos, violencia o fracaso en su implementación.
En los últimos veinte años, Bolivia ha experimentado transformaciones estructurales de una profundidad pocas veces vista en su historia republicana. Las relaciones de poder, la composición social, la identidad nacional y la forma de hacer política se han redefinido desde sus cimientos. Lo que antes era impensable, una Constitución que reconoce la plurinacionalidad, un Estado con presencia activa en la economía, una sociedad que se comunica por redes sociales en tiempo real, “hoy es parte de lo cotidiano”.
Estos cambios no solo han modificado las reglas del juego, sino también a los jugadores y, sobre todo, al público que observa, exige y participa. En este nuevo escenario, el próximo gobierno no puede seguir gobernando con fórmulas del pasado. La gobernabilidad ya no se logra exclusivamente con mayorías legislativas, pactos de élite o gestión tecnocrática. Se construye reconociendo la nueva complejidad de la sociedad boliviana y la nueva forma de comunicación.
La paradoja boliviana es que, pese a los avances en inclusión y desarrollo, la confianza en las instituciones públicas ha disminuido, el sistema político está fragmentado, el liderazgo partidario debilitado y los mecanismos de diálogo entre Estado y sociedad se han erosionado.
En este contexto, hablar de gobernabilidad ya no significa solo evitar crisis o asegurar estabilidad. Significa construir consensos en una sociedad plural, garantizar una administración pública eficiente y, sobre todo, recuperar la legitimidad del ejercicio del poder. Y para lograrlo, no se puede excluir ni marginar a ningún sector del diálogo nacional. Ni el mundo indígena, ni los trabajadores, ni los empresarios, ni las regiones, ni los jóvenes pueden ser vistos como adversarios o estamentos separados. Todos los bolivianos somos iguales en derechos y obligaciones, y todos debemos tener voz en las grandes decisiones nacionales y ejercer la ciudadanía a plenitud. Pretender dividir al país entre “los de arriba” y “los de abajo”, entre “el pueblo” y “los empresarios”, o entre “nosotros” y “ellos”, solo debilita la cohesión social y retrasa el desarrollo. La Bolivia del presente y del futuro necesita menos confrontación y más complementación y cooperación.
El próximo gobierno enfrentará un país con ciudadanos más informados, exigentes y activos. Con regiones que demandan autonomía efectiva. Con una juventud que ya no cree en los discursos de siempre. Y con una economía que, más allá del relato, necesita ser reactivada con visión y responsabilidad fiscal.
La gobernabilidad del próximo período no puede entenderse como una fórmula de control, sino como una estrategia de escucha, articulación y transparencia. Es urgente recomponer el pacto social, institucionalizar el diálogo, y asumir que en esta nueva Bolivia no se gobierna “para” la gente, sino “con” ella.
Eso implica fortalecer el Estado de derecho, garantizar independencia de poderes, proteger la libertad de expresión y profesionalizar la gestión pública. Solo así se podrá responder a las legítimas demandas de una sociedad que cambió y que ya no acepta ser tratada como antes.
El próximo gobierno debe asumir la gobernabilidad como un mandato político institucional, donde construir consensos, modernizar el Estado, acoger la pluralidad y dotar de transparencia a su gestión central y territorial deberán ser parte de su agenda inmediata. Solo así se podrá consolidar una democracia sólida, capaz de sostener cambios profundos y recuperar la confianza de la sociedad boliviana.
(*) Gustavo Jáuregui Gonzáles es asesor empresarial, especialista en gerencia de organizaciones empresariales
