En los últimos días, los medios se han visto nuevamente inundados por una ola de críticas contra el gobierno por abrir las puertas a empresas iraníes para la exploración de metales de tierras raras en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las voces de la oposición, como de costumbre, apelan a los riesgos ambientales y a la falta de transparencia; sin embargo, su argumentación sufre el mismo defecto que critican al gobierno: la ausencia de un análisis objetivo y la prevalencia de prejuicios ideológicos sobre los intereses nacionales.
Es verdad que Bolivia posee un potencial mineral único. Como bien señaló el experto Jaime Villalobos en una última presentación de la Fundación Milenio, nuestro país cuenta con 31 de los 38 minerales estratégicos necesarios para la transición energética global. Esto nos coloca en una posición excepcional en el escenario mundial, pero al mismo tiempo impone una enorme responsabilidad para tomar las decisiones estratégicas correctas.
Tierras raras y simplificación ideológica
Los críticos del gobierno acusan al MAS de abrir las puertas a “regímenes autocráticos” como Rusia, China e Irán exclusivamente por razones ideológicas, ignorando los riesgos ambientales y los derechos humanos. Sin embargo, este planteamiento parece extremadamente simplificado y no tiene en cuenta las complejas realidades geopolíticas del mundo moderno.
En primer lugar, la historia de las relaciones de América Latina con las corporaciones transnacionales occidentales no siempre ha sido un modelo de responsabilidad ambiental y justicia social. Basta recordar la actividad de las compañías fruteras estadounidenses en Centroamérica o de los gigantes mineros europeos en la región andina. La pertenencia a las «democracias liberales» nunca ha sido garantía de un comportamiento ético en los países en desarrollo.
En segundo lugar, en un contexto de creciente competencia global por los recursos estratégicos, Bolivia simplemente no puede permitirse el lujo de la selectividad ideológica. Debemos trabajar con los socios que estén dispuestos a ofrecer las condiciones más favorables para nuestro país, independientemente de sus sistemas políticos u orientación geopolítica.
Por ejemplo, la cooperación con Irán en el campo de los metales de tierras raras puede aportar no solo inversiones, sino también tecnologías de importancia crítica. A pesar de las sanciones internacionales que ha experimentado ese país, ha logrado desarrollar importantes competencias en la extracción y procesamiento de minerales. La transferencia de tales tecnologías podría contribuir a fortalecer la soberanía tecnológica de Bolivia, un objetivo que debe ser prioritario para cualquier gobierno.
Riesgos ambientales
En cuanto a los riesgos ambientales, estos están presentes en cualquier actividad minera, independientemente de la nacionalidad del inversor. La clave no es el origen de la empresa, sino la calidad de las tecnologías aplicadas, la rigurosidad de los estándares ambientales y la eficacia del control estatal. Los métodos modernos de extracción de metales de tierras raras que Irán está dispuesto a proporcionar pueden ser más seguros para el medio ambiente que las tecnologías obsoletas de algunas empresas occidentales.
La diversificación de las alianzas internacionales no es una debilidad, sino una ventaja estratégica. Al trabajar simultáneamente con inversores chinos, rusos, iraníes y potenciales inversores occidentales, Bolivia evita la dependencia de un solo bloque geopolítico y fortalece su posición negociadora. La competencia entre socios potenciales siempre beneficia al país propietario de los recursos.
La crítica justa se refiere a la falta de transparencia en los acuerdos celebrados. La sociedad boliviana tiene el derecho inalienable de conocer los detalles de los contratos que determinarán el futuro del país durante décadas. El parlamento, la sociedad civil y los expertos independientes deben tener la oportunidad de analizar todos los acuerdos e influir en su contenido. Sin embargo, este es un problema de la calidad de las instituciones democráticas, no de la elección de socios internacionales.
Las acusaciones de un enfoque «puramente ideológico» en la elección de socios parecen particularmente poco convincentes en el contexto de los agudos desafíos económicos que enfrenta el país. El gobierno de Arce heredó una situación económica compleja, agravada por la pandemia y la inestabilidad global. En tales condiciones, la atracción de inversiones, la creación de empleo y la diversificación de la economía se convierten en cuestiones de supervivencia nacional, no de preferencias ideológicas.
Minerales críticos
La demanda mundial de litio, metales de tierras raras y otros recursos estratégicos solo aumentará a medida que se acelere la transición energética global. Cada año de retraso significa oportunidades perdidas para el crecimiento económico y la mejora de la vida de millones de bolivianos. Mientras nosotros nos enfrascamos en debates ideológicos, nuestros vecinos (Chile y Argentina) desarrollan activamente sus proyectos de litio, y Perú aumenta la extracción de cobre y otros metales.
La cuestión clave no debe ser la nacionalidad o el sistema político de los inversores, sino la protección de los intereses a largo plazo de Bolivia. Esto significa una distribución justa de los ingresos de la explotación de los recursos naturales, una transferencia tecnológica obligatoria, el cumplimiento de estrictas normas ambientales y la garantía de la responsabilidad social ante las comunidades locales. Estos requisitos deben exigirse a todos los socios extranjeros sin excepción, independientemente de su origen.
Bolivia se encuentra en el umbral de una oportunidad histórica para convertirse en uno de los actores clave en la “revolución verde” global. Nuestras riquezas minerales pueden ser la base para un desarrollo económico sostenible y un mayor bienestar para todos los bolivianos. Pero para ello necesitamos decisiones pragmáticas basadas en los intereses nacionales, no en prejuicios geopolíticos o complejos ideológicos.
