Una nueva incursión violenta de avasalladores fue denunciada este jueves en la hacienda Santa Rita, situada entre las provincias Guarayos y Obispo Santistevan, en Santa Cruz.
Según la familia propietaria, un trabajador resultó herido de bala tras el ingreso de un grupo armado que busca tomar el control del predio donde al menos 25 personas se encuentran retenidas por los avasalladores.
Felipe Barbieri, propietario de Santa Rita, relató que su camioneta fue atacada a tiros y uno de los disparos alcanzó a su encargado.
“Apuntaron directamente a mí, escuché el disparo y el impacto”, denunció en contacto con Unitel.
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En el mismo medio, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, denunció la frecuencia con la que se suscitan los avasallamientos en Santa Rita, donde las tierras son productivas.
El grupo, según testigos, actuó con el mismo modus operandi registrado anteriormente: ingresaron encapuchados, con armas y a bordo de motocicletas.
Este hecho es el más reciente de al menos cinco intentos de avasallamiento registrados en el último año, según el abogado de la familia, Álvaro de la Torre.
“Esto no es nuevo, vienen hostigando desde hace más de un año con total impunidad”, lamentó. El jurista señaló que los responsables serían dirigentes interculturales, algunos de los cuales estarían plenamente identificados.
En ese sentido Frerking pidió a las autoridades actuar, pues parecería que el predio de Santa Rita es tierra de nadie.
La hacienda se encuentra cerca de la conflictiva zona de Las Londras, escenario del secuestro de periodistas y civiles hace cuatro años. Desde entonces, se reportaron múltiples tomas irregulares de tierras sin una respuesta contundente del Estado para restituir el orden.
De la Torre pidió acción urgente al Ministerio de Gobierno y al presidente Luis Arce. “Ya es hora de que se tome una decisión política. La impunidad solo alienta más violencia”, sostuvo.
La familia y sus trabajadores permanecen en el lugar, en medio del temor por nuevos ataques, mientras esperan que las autoridades actúen para frenar lo que consideran una escalada de violencia organizada en la zona.
