Insumos Bolivia busca recuperar Bs 63 millones del pago que realizó de manera adelantada para importar arroz desde Argentina e incrementar la oferta del producto. Lauren Fernández, directora de la institución, informó que el arroz por el que se pagó no cumple con los estándares de calidad y no puede ser comercializado.
“A nosotros nos preocupa bastante porque son 63 millones de bolivianos que estamos con un problema que no nos permiten cobrar. La empresa, al contrario, nos habría demandado a nosotros”, indicó en conferencia de prensa.
Arroz
De acuerdo con la funcionaria, existe una orden judicial que impide que Insumos Bolivia pueda realizar el cobro de la póliza de garantía. Por ello, todavía no se puede recuperar el recurso ya desembolsado.
Según Fernández, son más de 700 toneladas de arroz que el país ya recibió provenientes de Argentina. Sin embargo, el producto no cumple con los estándares de calidad y podrían resultar perjudiciales para la población.
En ese sentido, la directora de Insumos Bolivia sospecha que hubo una falsificación de documentos en el país de origen. En estos momentos el caso se encuentra en investigación.
“Habría documentos que se habrían falsificado para el tema del certificado del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, de Argentina) al momento de importar el producto”, señaló.
El pasado 8 de julio el Gobierno anunció que se importarán 40.000 toneladas de arroz de diferentes países para mejorar la oferta y el precio del producto tenga una tendencia a la baja. La operación de importación quedó a cargo de Insumos Bolivia y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) debía comercializar el producto.
Sin embargo, Fernández indicó que no se puede introducir el arroz importado al mercado interno, debido a su mala calidad.
“No podemos meter al mercado interno, no podemos venderlo, no podemos ni siquiera entregar a Emapa porque no cumple con las especificaciones técnicas de calidad”, explicó.
Para evitar que una situación similar se repita, la institución realizará controles más estrictos en los certificados de los proveedores.
