El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) analiza la apertura de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por el denominado caso EBA, tras recibir el cuaderno jurisdiccional desde la justicia ordinaria.
La investigación apunta a un presunto nombramiento ilegal de una familiar como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante su gobierno en 2020.
“Sabemos que hay esta documentación en plataforma y vamos a esperar que se remita conforme los plazos que tenemos en el TSJ”, declaró el presidente del tribunal, Romer Saucedo, al informar que el expediente fue remitido por el Juzgado 14° de Instrucción en lo Penal de La Paz.
Jeanine Áñez
La causa fue derivada al TSJ tras una resolución del Tribunal Sexto de Sentencia que anuló el proceso ordinario y dispuso su tratamiento como juicio de privilegio.
El expediente está actualmente en Plataforma y deberá pasar por la Sala Penal antes de llegar al pleno del TSJ, que definirá si procede o no su tratamiento como juicio de responsabilidades. Saucedo evitó adelantar criterios hasta conocer el fondo del proceso.
La remisión del caso se formalizó con una nota enviada el 15 de julio, en la que el juzgado de La Paz informó al TSJ que se declara incompetente para continuar el proceso penal ordinario contra Áñez y otra persona por el presunto delito de nombramientos ilegales.
Juicio de responsabilidades
Al respecto, Norka Cuéllar, abogada de la exmandataria, explicó que la remisión se realizó en cumplimiento de una resolución de la Sala Penal Cuarta, que ordenó remitir los obrados a la Fiscalía General para encarar un juicio de responsabilidades.
En paralelo, la defensa de Áñez pidió que se investigue un presunto “montaje” en los casos Golpe I y Golpe II. Eso, después de que el testigo clave, Antonio de la Fuente, denunciara que sus declaraciones fueron tergiversadas para incriminar a la expresidenta, al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Pumari.
Proceso
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, declaró que aún no se recibió una denuncia formal, pero que, de presentarse, se pedirá un informe a la Fiscalía Departamental de La Paz.
No obstante, De la Fuente también enfrenta otro proceso judicial y cuenta con una orden de aprehensión dentro del caso Consorcio, acusado de promover una acción popular para provocar la suspensión de una magistrada del TSJ. Según denuncias del propio presidente del tribunal, esta acción forma parte de un supuesto plan para intervenir el Órgano Judicial mediante suplentes.
