El Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz dictó sentencia contra dos exfuncionarios del Ministerio de Salud por su participación en la adquisición irregular de 500 ventiladores pulmonares durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, en 2020.
El proceso concluyó con una condena de ocho años de cárcel para Eduardo Díaz Pizarro y dos años y ocho meses para Juan Carlos Arraya Tejada.
Ambos fueron hallados culpables por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, tipificados en los artículos 154 y 221 del Código Penal. Según el procurador general del Estado, Ricardo Condori, esta compra irregular causó un daño económico al Estado de más de $us 10 millones.
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Los ventiladores adquiridos —de la marca Guangzhou Yueshen, modelo YSAV400A, de origen chino— no cumplían con 40 de los requisitos técnicos exigidos en el proceso de contratación, lo que evidenció serias irregularidades en la gestión de la emergencia sanitaria.
“El fallo demuestra que es posible sancionar con firmeza actos de corrupción cometidos incluso en momentos de crisis. No permitiremos impunidad cuando está en juego la salud y el dinero de los bolivianos”, aseguró Condori.
El procurador calificó la sentencia como un hecho inédito y favorable en los casos vinculados al mal manejo de recursos durante la pandemia.
Ambos sentenciados deberán cumplir su pena en el penal de San Pedro y también afrontar el pago de multas y costas judiciales. La Procuraduría General del Estado anunció que continuará con su labor de seguimiento en este caso, ya que otros seis procesados fueron absueltos, decisión que será apelada por la entidad estatal.
“La Procuraduría, actuando bajo las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado, promovió una intervención interinstitucional responsable y obtuvo este resultado que reafirma nuestro compromiso con la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, subrayó Condori.
La sentencia marca un precedente en el tratamiento de casos de corrupción relacionados con la pandemia y responde a una de las demandas más persistentes de la sociedad boliviana: la rendición de cuentas por los recursos mal administrados durante una de las crisis sanitarias más graves de la historia reciente.
