En el imaginario colectivo, la democracia suele reducirse a la posibilidad de acudir a votar y elegir a nuestros representantes. Desde la teoría política contemporánea, la democracia no puede limitarse al sufragio, requiere además de instituciones que garanticen la participación efectiva, la deliberación informada y la protección integral de los derechos. El concepto moderno de democracia, por tanto, es mucho más amplio; no se agota en el acto electoral, sino que se construye día a día en el acceso efectivo a derechos, en la vigencia plena de las libertades y en la satisfacción de las necesidades más básicas.
Bolivia se encuentra a las puertas de las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto de 2025, que se constituye en una oportunidad para revitalizar la democracia. Sin embargo, se percibe apatía, desilusión y desencanto en varios sectores de la población.
Por un lado, desde hace varios meses el país atraviesa una profunda crisis económica con una inflación persistente, la escasez de divisas, la especulación y el desabastecimiento de combustibles y alimentos, que golpean con dureza a millones de familias que ya no logran asegurar una canasta alimentaria básica. Como advirtió el autor Amartya Sen (1999), la democracia pierde legitimidad cuando no logra traducirse en bienestar material e inclusión social, especialmente para los sectores históricamente excluidos.
Por otra parte, el sistema de partidos políticos muestra agotamiento; los principales partidos, lejos de articular propuestas renovadoras, se encuentran inmersos en pugnas internas que les han impedido incluso definir sus candidaturas. Hay candidatos sin partido y partidos con candidatos, pero sin base social. Todos hablan de renovación, pero paradójicamente los nombres que dominan la escena política siguen siendo los mismos desde hace décadas, mientras tanto, quienes podrían encarnar una alternativa generacional y programática distinta no logran articular una base electoral sólida y representativa.
Desde la recuperación democrática en 1982, Bolivia se caracterizó por una participación ciudadana dinámica y comprometida. Cada elección, además de ser una obligación se convertía en una verdadera fiesta democrática, una expresión de pertenencia y esperanza colectiva. Como bien señala Sartori (1992), los sistemas democráticos requieren no sólo de instituciones formales, sino también de una cultura cívica viva, que legitime la competencia política y fortalezca la identificación partidaria.
Hoy, sin embargo, se percibe un deterioro progresivo de esa cultura democrática; más allá de la fragmentación institucional, asistimos a una pérdida de sentido, de confianza y de compromiso. Se desgastan los valores democráticos, se debilitan las instituciones y se diluye la credibilidad de los liderazgos. Ese proceso silencioso alimenta la desafección ciudadana, banaliza el voto y favorece el ascenso de discursos autoritarios, clientelares y antipolíticos.
Un país que normaliza la precariedad y la resignación corre el riesgo de incubar la tentación autoritaria. Cuando el voto deja de sentirse como un instrumento de transformación y se percibe apenas como un trámite intrascendente, la democracia pierde su capacidad movilizadora; en ese vacío prosperan el oportunismo, el populismo de ocasión y las propuestas de ruptura que prometen orden a cualquier costo.
La Bolivia del Bicentenario necesita, más que nunca, una reflexión sobre los niveles de participación, la calidad de la representación, la eficacia institucional y la vigencia de los derechos. La crisis económica, sumada al desprestigio de la clase política, no debe ser el pretexto para dinamitar los consensos básicos que sostienen la convivencia democrática.
La democracia, no puede reducirse a la mecánica del voto, requiere condiciones materiales de dignidad, vigencia efectiva de derechos, acceso equitativo a oportunidades y sobre todo, la convicción colectiva de que el futuro puede y debe ser mejor que el presente.
Diego Pary Rodríguez
es pedagogo, abogado y exministro de Relaciones Exteriores de Bolivia
