La exconstituyente y representante de la Coordinadora de la Mujer, Rosario Ricaldi, cuestionó la falta de ejercicio de poder por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y aseguró que la siguiente legislatura debe cumplir con el mandato que les otorga la Constitución Política del Estado (CPE).
“Creo que es el mayor desafío de los ciudadanos y ciudadanas que llegan a ese espacio de poder, (es) entender el poder que tiene”, afirmó Ricaldi en entrevista con La Razón Radio.
Señaló que la Asamblea es el órgano “con más poder” dentro del Estado; pues define autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Además, distribuye presupuestos y tiene la máxima fiscalización sobre los cinco órganos del poder público y las entidades territoriales.
Sin embargo, denunció que gran parte de los legisladores actuales “no saben qué hacer con ese poder”, y, en muchos casos, ni siquiera conocen herramientas básicas como el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) para supervisar el uso de recursos estatales.
La exconstituyente vinculó este problema con la crisis de justicia. Argumentó que el Legislativo tiene la capacidad de garantizar su independencia, pero en lugar de asumir ese rol, permitió que otros poderes y acuerdos políticos limiten su actuación.
“Es una muestra de que la fragilidad no es precisamente porque no pueden, es porque no conocen o no quieren. Pero esa traición no es al partido, es al soberano que los ha elegido con el voto. Me desafía decirles a los gobernadores que van a entrar ahora a la Asamblea, que tienen que reconocer, porque a veces ponen el cartel y diputados y senadores creen que ya saben”, afirmó.
Podría interesarle: TSE difundirá resultados preliminares al 80% de la votación
Pacto social
Ricaldi también llamó a proteger el “pacto social” que representa la actual Constitución. Consideró que propuestas de reemplazarla o desconocerla son una falta de respeto a la voluntad popular. Especialmente a sectores excluidos “históricamente” como mujeres, campesinos, pueblos indígenas, juventudes, diversidades y afrobolivianos. La nueva Constitución fue aprobada en referendo y promulgada en 2009.
Ley 348
En cuanto a la Ley 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia” aprobada el 9 de marzo de 2013, Ricaldi criticó la intención de algunos candidatos de modificarla sin siquiera conocer su alcance real.
Recordó que solo se implementó el 10% de sus disposiciones. “Ese 90% que implicaba prevenir, atender la violencia, proteger a las víctimas de violencia, procesarlos por los juicios y reparar los daños, sólo de toda esta cadena se ha asumido la parte de atender”, lamentó.




















































































