La ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó este martes en conferencia de prensa que el Gobierno respeta la independencia de poderes y las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales. Sin embargo, recordó que los procesos vinculados a los hechos de 2019 deben analizarse tomando en cuenta los antecedentes y los informes internacionales que documentaron violaciones a los derechos humanos.
La autoridad detalló que el Estado es parte en el caso denominado Golpe de Estado I, en el que están acusados Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez, Marco Antonio Pumari y otros por los delitos de terrorismo, entre otros.
Señaló que el juicio se encuentra suspendido debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Camacho, el cual está en trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Jeanine Áñez
Sobre el caso Golpe de Estado II, de la autoproclamación de la entonces senadora, Saravia recordó que Áñez ya fue condenada en junio de 2023 a 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. En cuanto al caso Senkata, mencionó que el proceso se abrió contra Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y otros bajo el delito de genocidio, considerado de lesa humanidad.
La titular de Justicia subrayó que todos estos procesos se originan en los hechos de 2019, cuando se produjeron enfrentamientos y violencia en Sacaba y Senkata, el 15 y 19 de noviembre de ese año, respectivamente.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conformó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a pedido del gobierno de Áñez, para investigar lo ocurrido. “Este informe confirmó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como la ocurrencia de masacres”, sostuvo.
GIEI
Saravia citó textualmente el documento del GIEI, que constató que las operaciones de seguridad durante la gestión de Áñez derivaron en graves violaciones a los derechos humanos. También señaló que el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno transitorio, eximía de responsabilidad penal a militares en operativos de control interno, lo cual contravino normas internacionales.
La ministra destacó que el GIEI formuló 36 recomendaciones para el Estado boliviano, entre ellas investigar de manera exhaustiva los hechos, procesar a los responsables y garantizar reparación integral a las víctimas. “No podemos olvidar que en esos sucesos hubo 37 fallecidos, más de 400 heridos y al menos 70 personas víctimas de tortura, según el registro de expertos internacionales”, enfatizó.
Proceso
Consultada sobre las críticas que señalan una supuesta persecución política, Saravia negó esa versión y reiteró que las decisiones corresponden al Ministerio Público y al Órgano Judicial. “Todas las personas procesadas tienen el derecho constitucional de defenderse, y las instancias competentes deberán resolver con base en la ley y en los antecedentes”, dijo.
Finalmente, remarcó que el gobierno de Luis Arce permitió la presencia de organismos internacionales de derechos humanos en Bolivia, como la CIDH y relatores de Naciones Unidas. Aseguró que el compromiso del Estado es garantizar memoria, verdad y justicia para las víctimas, evitando que los hechos de 2019 queden en la impunidad.
