La Justicia determinó que este miércoles se lleve a cabo la audiencia de revisión de la detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso abierto por el paro de los 36 días.
El acto judicial fue fijado para las 12.00 y se desarrollará de manera virtual. Así dispone la notificación difundida por el equipo jurídico del exlíder cívico cruceño.
El caso está relacionado con el paro cívico indefinido que se realizó en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022. La medida fue impulsada por instituciones y sectores sociales que exigían la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. Sin embargo, éste se desarrolló el 23 de marzo de 2024.
Luis Fernando Camacho
La revisión de la situación jurídica de Camacho se enmarca en una disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Instruyó a los jueces verificar el cumplimiento de plazos en los procesos de detención preventiva que enfrenta el gobernador.
Esta decisión también alcanza a la expresidenta Jeanine Áñez y al exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, quienes comparten causas vinculadas a la crisis política de 2019, en el caso Golpe de Estado I.
Un día antes, este martes, se desarrolla otra audiencia dentro del denominado Golpe de Estado, que analiza los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de ese año. En ese marco, también se evalúa la solicitud de cesación de detención tanto para Camacho como para Pumari.
Proceso
El abogado defensor del gobernador, Martín Camacho, afirmó que el objetivo es lograr que su cliente pueda retornar a Santa Cruz en los próximos días. “Esperamos que el jueves el gobernador ya esté en su tierra y asuma nuevamente sus funciones”, señaló.
El futuro inmediato de Camacho depende de las determinaciones judiciales en ambas audiencias. Si la Justicia concede su libertad, retomará el cargo como primera autoridad del departamento. De lo contrario, deberá permanecer en prisión preventiva mientras continúan los procesos.
El caso del paro de 36 días mantiene una fuerte carga política, pues la medida cívica tuvo un impacto nacional y fue interpretada de manera distinta por el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno sostiene que el movimiento buscaba desestabilizar al país, los promotores del paro defienden que se trató de una acción legítima en defensa de la región y de un proceso censal transparente.
