Luego de que de la justicia otorgara libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari y detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho, investigados en el caso Golpe de Estado I, el Gobierno anunció que apeló esas decisiones.
“Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución (…), esperaremos cuáles son los resultados de esa apelación”, informó la ministra de Justicia, Jessica Saravia, en contacto con Bolivia Tv.
Decisiones
La autoridad reconoció que la decisión que se tomó el martes es una “competencia privativa del Órgano Judicial”, pero espera que se haya actuado con objetividad y sin afanes ni motivaciones políticas.
“Esperamos que se haya, de manera totalmente objetiva, desvirtuado los riesgos procesales y, en ese sentido, se haya emitido la resolución”, afirmó.
En ese sentido, Saravia adelantó que se analizará la respuesta a la apelación para evaluar qué otro método tomar más adelante.
De acuerdo con la ministra, todavía existe una deuda pendiente en torno a lo que fue la crisis social y política de 2019, luego de la renuncia del expresidente Evo Morales y las masacres de Senkata y Sacaba.
Según Saravia, hubo más de 70 personas que fueron procesadas ilegalmente y más de 400 personas heridas a raíz del denominado “decreto de la muerte” que promulgó la presidenta transitoria Jeanine Añez.
En el caso de la exmandataria, la ministra aclaró que la justicia no determinó que haya quedado en libertad o sido declarada inocente, sino que se cambió la jurisdicción del proceso.
“No se ha concluido el juicio, eso hay que aclarar. Se ha dispuesto el cambio de jurisdicción, de un proceso ordinario a un juicio de responsabilidades”, explicó.
Pese a las declaraciones de Saravia y el rechazo que se generó en sectores del oficialismo y el masismo, los abogados de Pumari y Camacho aclararon que sus clientes no se encuentran investigados por las masacres de Sacaba y Senkata. De hecho, ni siquiera fueron convocados a declarar como testigos.
Los exlíderes cívicos son investigados por sus acciones previas a la renuncia de Morales en 2019, cuando encabezaron marchas, financiaron movilizaciones e irrumpieron en Palacio Quemado con biblia en mano.
