Los bolivianos encaramos el primer balotaje electoral de nuestra historia. En carrera quedan dos candidaturas: Rodrigo Paz, quien sorprendió con un 32% en primera vuelta, y Tuto Quiroga, que quedó a cinco puntos del primero. Ambos coinciden en que se requieren ajustes económicos, pero difieren en el enfoque, la gradualidad y en cómo distribuir sus costos.
Quiroga propone “salvar a Bolivia” a partir de un modelo clásico de estabilización macroeconómica, muy cercano al recetario del FMI que incluye disciplina fiscal, devaluación y privatizaciones de empresas públicas. En cambio, Paz plantea un enfoque institucionalista y reformista que consiste en un sincretismo de políticas de libre mercado con otras de redistribución como disminución de impuestos, descentralización fiscal y programas sociales. Sus consignas resumen esta su propuesta: “capitalismo para todos” y “redistribución 50/50”. Analicemos sus similitudes y diferencias.
En política cambiaria ambos plantean devaluar la moneda y restablecer el sistema de subastas del Bolsín como mecanismo de asignación de dólares. La cuestión es cómo hacerlo. Quiroga plantea un esquema único y flexible que conllevaría al tipo de cambio actual una devaluación de al menos un 100% para achicar la diferencia con el mercado paralelo. Su plan depende completamente de la capacidad de obtener créditos externos por $us 7.000 millones, de los cuales $us 4.000 millones provendrían del FMI. Además de otros $us 5.000 millones en IED y exportaciones agroindustriales ($us 1.300 millones). Por su parte, Paz propone sincerar el precio oficial del dólar acompañado de un fondo de estabilización que —aunque no menciona su monto— se entendería que depende del ahorro de divisas que se espera obtener eliminando la corrupción, renegociando la deuda e incentivando la repatriación de capitales. Por cierto, ninguna propuesta garantiza estabilidad cambiaria, sino devaluaciones moderadas.
En el frente fiscal, Quiroga promete recortar drásticamente el gasto público en un 25% con reducción de ministerios y despido de funcionarios, con el objetivo de bajar el déficit a 3% del PIB. Paz ofrece un ajuste menos severo. Propone reducir el déficit en 60%, que se debe al hecho de mantener los programas sociales, e incluso aumentar sus montos, la rebaja de impuestos y la eliminación de aranceles. Si bien ambos plantean mayor descentralización fiscal, Paz incluye una fuerte política redistributiva de recursos fiscales con su propuesta del 50/50 entre niveles de gobierno a diferencia de Quiroga que propone autonomías plenas con transferencia de competencias. En realidad, ambos plantean distribuir una torta cada vez más pequeña dada sus inclinaciones a reducir impuestos.
Respecto a la política de subvención a los hidrocarburos, si bien coinciden en liberalizar las importaciones, difieren en el costo de mantener las subvenciones. Quiroga busca recortarlas casi en su totalidad, excepto al transporte público, y dejar que los precios —incluyendo del gas y la energía— suban como incentivo para más producción. Paz propone mantener un monto fijo de $us 1.000 millones para sectores vulnerables. Ambos proponen levantar la subvención, pero no señalan en cuánto tiempo se normalizará el abastecimiento de combustibles.
Un contraste todavía más evidente es la política comercial. Quiroga apuesta por el incentivo a las exportaciones y la apertura de mercados, especialmente con Estados Unidos. Paz, en cambio, se concentra en un liberalismo desde adentro que promueve la eliminación de aranceles a importaciones. En ambos casos la política de liberalización apunta a reducir el déficit comercial pero dichas medidas no garantizan la entrada efectiva de dólares o el control de su salida.
Las debilidades de cada plan son claras. En el caso de Paz, existen restricciones financieras que podría limitar la viabilidad de sus promesas. Además, la gradualidad si bien puede contener conflictos sociales, podría reducir la efectividad de las medidas, como ocurrió en Argentina en el gobierno de Macri. En el caso de Quiroga, el principal obstáculo es político y social. Aún si lograra conseguir el financiamiento prometido, su dependencia del FMI enfrenta un escenario de resistencia popular y falta de apoyo en el legislativo que podría hacer inviable el cumplimiento de las metas con el Fondo. Además, el Fondo difícilmente prestaría el monto que su plan exige para aplicar una terapia de shock, pues como máximo podría acceder $us 650 millones en su primer año.
En síntesis, ambas opciones electorales presentan propuestas para salir de la crisis, pero al mismo tiempo plantean retos y costos sociales heterogéneos. El próximo 19 de octubre, los bolivianos volveremos a las urnas, no solo a elegir autoridades, sino también a decidir sobre el tipo de ajuste que inevitablemente debemos enfrentar: una política de shock, dura y dependiente del financiamiento externo, o una gradualista, nacionalista y redistributiva. El balotaje económico está servido.
Omar Rilver Velasco
es habitante del Kollasuyo, yatiri económico y promotor del Vivir Bien.
