La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) está dispuesta a llegar a una conciliación con la empresa Telefónica Celular de Bolivia SA (Telecel SA – Tigo) por una deuda aproximada de $us 17 millones por la retransmisión no autorizada de 563 partidos del fútbol boliviano.
El anuncio lo realizó el presidente de la FBF, Fernando Costa, en el programa No Mentirás, que se difunde por Radio Televisión Popular (RTP).
El 22 de agosto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) ejecutó la orden judicial que instruye el congelamiento de cuentas, fondos y activos financieros de Telecel a nivel nacional. La medida responde a una acción de amparo constitucional presentada por la FBF, que denunció la retransmisión sin contrato de encuentros de la División Profesional.
El proceso legal fue interpuesto por Fernando Costa, presidente de la FBF, contra Roberto Andino, apoderado de Telecel. La resolución, firmada el 4 de agosto de 2025, establece que la telefónica incurrió en la difusión no autorizada de 550 partidos de la primera división, lo que derivó en la drástica medida económica.
Lea también: Costa no asiste a Fútbol sin Anestesia, pese a que pidió venir
FACTURACIÓN
Según Costa, la empresa multinacional ha facturado en el último quinquenio una media de $us 700 millones por año. Dijo que este dato está “confirmadísimo”, porque en Bolivia todas las actividades económicas están reguladas.
“No puede ser que (Telecel) no quiera resarcir el daño que ha ocasionado”, afirmó Costa e insistió en que la FBF está dispuesta a llegar a una conciliación con Tigo.
“Siempre hay una manera de conciliar, hemos tratado de llegar a esa instancia, son ocho meses del año que han transcurrido, Tigo no nos ha respondido a las múltiples notas que hemos enviado”, sostuvo.
MONTO DE LA DEUDA
Para determinar el monto de la deuda, Costa explicó que se contrataron a dos empresas de monitoreo que certificaron en 563 los partidos retransmitidos por la compañía de telecomunicaciones.
Respecto al monto demandado, y que los abogados de Tigo califican como un abuso, el presidente de la FBF aclaró que el cobro por partido es de aproximadamente $us 30.000 y que no se hizo ningún incremento con relación al monto que pagaba la empresa en los últimos cuatro años.
“Nosotros estamos valorando la reparación (de los daños ocasionados) con los mismos valores que Tigo ha estado pagando en los últimos cuatro años” y que son “aproximadamente 30.000 dólares por partido, sin incrementarles nada”.
POSICIÓN TIGO
Fernando Saucedo, abogado de Telecel Bolivia SA, reclamó la determinación judicial de una Sala Constitucional de Santa Cruz y rechazó la acción de amparo porque, dijo, el tribunal “no tiene competencia”.
Indicó que lo correcto es acudir a un tribunal de arbitraje, por lo que descartó acudir a una medida de conciliación con la FBF.
“Tigo no se va a sentar bajo medidas de presión, bajo medidas extorsivas, peor bajo una acción abusiva, irregular, ilegal. Mientras exista esa circunstancia, Tigo no se va a sentar” a dialogar, aseguró.
‘PERJUICIOS A LOS USUARIOS’
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su preocupación por la decisión de una Sala Constitucional de Santa Cruz que dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de Telecel y advirtió que solo genera perjuicios a los usuarios.
“Esta insólita determinación judicial arriesga el acceso de miles de ciudadanos a servicios públicos de telefonía, internet y conectividad, considerados derechos fundamentales y protegidos por el Art. 20.II de la Constitución Política del Estado, que señala específicamente que éstos deben ser provistos bajo criterios de universalidad, accesibilidad, continuidad, cobertura necesaria, entre otros”, señala la patronal boliviana en un comunicado del 22 de agosto.
Asimismo, afirma que la decisión judicial vulnera el principio del debido proceso, y menosprecia el uso del arbitraje como mecanismo legal y pactado para la resolución de disputas.
“Es preocupante que con esta decisión se genere un nefasto antecedente jurisprudencial que pone en cuestión una vez más la seguridad jurídica, y coloca en indefensión a las empresas frente a las decisiones arbitrarias de operadores del sistema de justicia”.
