El analista y financiero Armando Álvarez advirtió que la propuesta del gobierno de postergar por seis meses los pagos de diferentes créditos puede afectar directamente a los ahorristas.
“De cada Bs 1.000 que un banco presta, Bs 900 vienen de depósitos del público. Apenas Bs 100, el 10%, vienen de recursos de los accionistas del banco”, explicó en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Créditos
El proyecto de “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos a Unidades Micro y Pequeñas” establece una suspensión de seis meses de las ejecuciones judiciales y embargos, además del diferimiento de cuotas para créditos de vivienda social y productivos de menor escala.
Según Álvarez, la norma proyectada abarca la mitad de la cartera de créditos que tiene un aproximado de Bs 226.000 millones.
Del monto total, asegura que Bs 70.000 millones son microfinanzas; Bs 30.000 millones en créditos de vivienda social; Bs 10.000 millones en créditos a pequeñas empresas.
Pese a que el Gobierno afirmó que el impacto será a menos del 3% de la cartera total, el experto recordó que varias entidades concentran el 100% de su cartera lo que podría paralizar su actividad durante medio año.
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En criterio del experto, la solución no pasa por un diferimiento general, sino las reprogramaciones caso por caso. Eso implicaría cambiar plazos, bajar cuotas, ajustar a la nueva capacidad de pago.
“Si el Gobierno agarra y dice: ‘señores, no van a cobrar ya cartera. Seis meses no van a cobrar cartera’. Si en seis meses no voy a cobrar cartera como banco, como institución financiera, ¿cómo lo devuelvo los depósitos al público?”, cuestionó.
Según el Ministerio de Economía la banca cerró 2024 con utilidades por encima de los $us 389 millones. Afirma que demostraría su capacidad de absorber el costo de la medida.
Mientras que desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Asofin) rechazaron la propuesta. Advirtieron que “comprometería la estabilidad del sistema financiero y forzaría una inevitable restricción del crédito”.
