El primer debate de Vicepresidencia para la segunda vuelta, realizado el domingo 5 de octubre, se caracterizó por una retórica vacía y una evidente falta de preparación. Predominaron los discursos genéricos y las respuestas imprecisas, en un intercambio que, lejos de confrontar visiones de país o propuestas electorales, se convirtió en un mal espectáculo.
El drama del debate estuvo profundamente marcado por las personalidades contrapuestas de los candidatos. Por un lado, uno de ellos se presenta como antisistémico y justiciero audaz decidido a acabar con la crisis económica encarcelando a cuanto corrupto se le cruce en su camino. Frente a él, su contendiente, un flemático, conciliador y timorato, experto digital, que promete una reforma de justicia impulsada por la revolución digital y la inteligencia artificial, pero que no pudo evitar el hackeo de su propia cuenta. Más allá de sus contrastes, tanto Lara como Velasco dejaron en evidencia que ninguno posee una clara comprensión del funcionamiento del Estado.
Desde algunos círculos opositores al masismo —hoy en peligro de extinción— se forjó la creencia de que la democracia se construye a partir de debates públicos y que los candidatos de izquierda rehuían por falta de preparación. Tras el bochornoso espectáculo que ambos candidatos ofrecieron la noche anterior, queda claro que la baja calidad del debate no es una cuestión partidista, ideológica, metodológica o de los entrevistadores, sino del déficit de preparación de nuestra clase política en general. Sí, necesitamos una renovación de personas en la política, pero que éstas cuenten con capacidad debidamente comprobada. Porque si los candidatos no están preparados para debatir, difícilmente lo estarán para gobernar.
No se trata de una cuestión trivial, hablamos de la segunda persona más importante del país, quien en ausencia del Presidente, asumiría la primera magistratura y es, a la vez, el presidente nato de la Asamblea. Tras el papelón de la noche anterior, cabe preguntarse: ¿acaso el discurso de la meritocracia como bandera para dar institucionalidad al Estado ha quedado en entredicho? O peor aún, ¿se estará reduciendo la figura del Vicepresidente a un mero ornamento más del Órgano Ejecutivo?
Lejos de definir una agenda legislativa clara, los candidatos se enredaron en un listado desordenado de medidas. Parte de éstas —como el levantamiento de la subvención o la política de retorno al Bolsín— ni siquiera requieren leyes para su aplicación, lo que evidencia una comprensión deficiente del marco normativo y sugiere que confunden la creación de leyes con la emisión de decretos o resoluciones administrativas. Además, sus ataques interminables hacen prever que la gobernabilidad en la Asamblea será mucho más difícil de lo que ellos mismos imaginan.
Ante la falta de argumentos sólidos para sostener sus propuestas y persuadir al electorado, uno de los candidatos recurrió a la confrontación y las acusaciones públicas, mientras que el otro, se escudó en una retórica vacía, plagada de frases insípidas. La pregunta ahora es si sus candidatos a Presidente podrán suplir estas graves carencias que lastran los discursos de sus binomios.
Sin embargo, más allá de las diferencias aparentes entre ambos candidatos, se advierte que sus asesores económicos sorprendentemente coinciden en un conjunto de medidas de shock que podrían resumirse así: una devaluación abrupta de la moneda, la eliminación total de la subvención —al menos para el diésel— y una reducción del déficit fiscal a casi la mitad, todo ello en un plazo de menos de 100 días.
Bajo las condiciones actuales, la segunda vuelta ya no aporta información novedosa sobre las propuestas de los candidatos, sino que por el contrario se ha convertido en un ejercicio repetitivo. Esta dinámica resta meses valiosos a la gestión pública y posterga los ajustes macroeconómicos urgentes.
Queda claro que los bolivianos tendremos que elegir entre uno de los dos. Incluso alcanzando consensos, es dudoso que su talento colectivo sea suficiente para materializar la ambiciosa agenda legislativa que prometen sus equipos económicos. Así, el próximo 19 de octubre, la disyuntiva no será votar por la mejor propuesta, sino por el mal menor.
