Para culminar el análisis de los tiempos electoreros que vivimos y que fueron objeto de esta columna en espera de la definición electoral, quiero referirme a la generación y al desarrollo de nuevas minas en Bolivia y en el siglo actual. Tema que analizado nos lleva a la conclusión de que el potencial minero del país, reconocido a nivel mundial no fue adecuadamente administrado, peor desarrollado, debido al juego de intereses de grupo, de élites o de empresas que buscaban y buscan el lucro como fin de sus afanes, dejando los intereses del país en el baúl de la abuela y para las calendas griegas. Es sugestivo el comportamiento pendular del manejo político del sector minero a través de la historia y que se radicalizó desde los albores del siglo actual cuando con el discurso del retorno del Estado al control y como actor principal de la producción, se llegó a imponer la Ley Sectorial 535 de 28 de mayo de 2014 y su correlato constitucional en la nueva Constitución Política del Estado CPE de 7 de febrero de 2009. Estas reglas de juego llegaron a ser una camisa de fuerza para los operadores que se vieron agobiados por inestabilidad jurídica, alta presión tributaria y un panorama de costos que configuran un Government take (Parte porcentual que toma el gobierno del valor bruto generado por un proyecto) de los más altos de la región y del subcontinente. Así las cosas, el país referente mundial en minería transitó a la periferia de los negocios mineros, dependiendo del sector informal de la minería aurífera en este caso, para subsistir como generador de escasas divisas para la economía nacional.
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Es paradójico que con nuestro enorme potencial minero estemos como estamos: con el salar más grande del planeta con un proyecto de litio, potasio y otras sales gateando mientras los vecinos corren hacia la producción masiva de sales y sus productos finales; con uno de los depósitos de hierro más grandes del planeta, con una siderurgia de juguete para abastecer el mercado interno, mientras en el mundo ya se habla de mega siderurgias y de hubs (Grupos de proyectos) de plantas industriales que generan una economía de escala y de bajos costos operativos con los que es difícil competir; con la provincia estannífera mayor del planeta subsistiendo con dos minas de escala mediana (Huanuni y Colquiri) y un disperso sector cooperativo, mientras el mundo hoy mira este metal como crítico para la tecnología actual y está desarrollando proyectos de envergadura en Brasil, Perú, Indonesia, Malasia, y otros países para colmar la actual demanda. Podemos seguir con el antimonio del cual fuimos en el pasado el segundo productor, hoy con las antiguas minas cerradas o con cooperativas sobreviviendo mientras el mundo otea el horizonte minero para abrir nuevos proyectos de este metal crítico, hoy escaso y altamente necesario; con el bismuto, las tierras raras, los platinoides y otros metales críticos, soñando con entrar a esa minería de estos tiempos pero con otros soñadores que con el cliché de dejar el extractivismo sugieren desarrollar las otras áreas productivas como la agricultura, la ganadería y el turismo, también la tecnología y la educación tecnológica, mientras en el mundo los países más avanzados están en la lucha por el control de la producción de los metales críticos, sin los cuales ninguna transición energética o tecnológica es posible.
Sería largo seguir con el detalle, no es el tema de esta columna, quiero invitar al lector interesado en estos temas acudir a mi libro Exploración y desarrollo minero. Paradoja existencial de Bolivia en el siglo XXI (Plural Editores 2025, La Paz, Bolivia) donde se debaten estos y otros puntos sobre el que parece ser el sino que persigue a los bolivianos: Siempre estamos esperando al dueño de las riquezas.
(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia
