El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), general Walter Sosa, descartó la existencia de indicios de homicidio en la muerte del exjuez Fernando Lea Plaza. Según las primeras investigaciones, se trataría de un caso de suicidio por ahorcamiento.
“Se ha realizado el trabajo inmediato, que es el examen médico externo. Lo que se ha podido realizar es la verificación de la existencia de un surco de 34 centímetros por 1,5 de ancho. No existían aparentes signos de violencia”, informó el jefe policial.
Sosa explicó que se realizó el trabajo de recolección del registro del lugar del hecho, en el que no solo participó el equipo multidisciplinario de Escena del Crimen de la zona Sur, sino el Instituto de Investigaciones Forenses (IITCUP) y el Ministerio Público en el registro del lugar del hecho.
En el operativo se recolectaron diversos indicios y evidencias, entre ellas una cuerda cruzada, que habría sido el elemento constrictor utilizado.
Tras la autopsia, tres médicos forenses determinaron la causa de la muerte como “asfixia cerebral con presión cervical externa y asfixia mecánica, compatible con ahorcadura”. También confirmaron que “no presentaba signos de violencia por terceras personas”, precisó el jefe policial.
El general añadió que se tomaron las declaraciones a la esposa, la hija y el hermano del exjuez. Según los testimonios, en el momento del hallazgo estaban presentes la esposa —quien habría encontrado el cuerpo— y la hija, quienes intentaron auxiliarlo cortando la cuerda.
“Inmediatamente la policía se ha anoticiado de este hecho, se ha constituido en el lugar y el equipo multidisciplinario ha realizado las actividades investigativas”, dijo.
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Lea Plaza era investigado dentro del caso Consorcio, referido a una presunta red de manipulación judicial que habría buscado forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
La defensa del exjuez sostuvo que se trataría de un “homicidio-suicidio”. Alegó que Lea Plaza había denunciado amenazas y torturas por parte de Régimen Penitenciario y la Policía, en el marco del proceso impulsado por el Ministerio Público.
Zuleika Lanza, abogada defensora, afirmó que se había solicitado auxilio judicial para proteger su integridad, pero lamentó que no se actuara a tiempo. Atribuyó la responsabilidad al exministro de Justicia César Siles y a la exvocal Claudia Castro, a quienes acusó de haber hostigado al exjuez.
Lea Plaza había sido suspendido por el presunto delito de prevaricato y cumplía detención domiciliaria mientras se investigaba su participación en el caso Consorcio.
El proceso tomó notoriedad tras la filtración de un audio en el que se escucha al exministro César Siles coordinar con el juez Lea Plaza una acción judicial para inhabilitar a la magistrada Coaquira, presuntamente con respaldo de “altas esferas”.
Según las pesquisas, la red estaría conformada por jueces, funcionarios judiciales y abogados que habrían coordinado decisiones jurisdiccionales fuera del marco legal para favorecer intereses políticos y personales. Hasta la fecha, ocho personas fueron implicadas, siete de ellas con distintas medidas cautelares y una que permanece prófuga con mandamiento de aprehensión vigente.
