La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) solicitó formalmente a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Potosí un informe sobre el estado de los trámites de nuevas áreas mineras solicitadas por cooperativas que operan en el Cerro Rico, como parte del proceso de migración ordenado por la Sentencia Constitucional 1062/2022.
En una nota dirigida a la directora departamental de la AJAM, Mireya Torrez Bedoya, la Gerencia Regional de Comibol en Potosí pidió conocer cuántos contratos administrativos mineros se encuentran en trámite o concluidos, con el fin de facilitar el traslado de las cooperativas a nuevos yacimientos ubicados fuera de la cota 4.400.
Comibol
El gerente regional de Comibol, Iván Fuertes, explicó que el requerimiento se enmarca en la Resolución Ministerial 105/2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia, que dispone la migración progresiva y concertada de las actividades mineras ubicadas sobre la cota 4.400 del Cerro Rico, con el objetivo de preservar su estabilidad geológica.
Desde 2022, Comibol impulsa un plan gradual e irreversible de cierre y reubicación de operaciones mineras en la emblemática montaña potosina. Hasta la fecha, se han cerrado 38 bocaminas de un total de 56, y se prevé alcanzar 41 minas inhabilitadas hasta diciembre.
La estatal minera recordó que el proceso de migración ha implicado la asignación de nuevas áreas a distintas cooperativas, aunque algunas de ellas han reportado dificultades técnicas, administrativas y sociales para iniciar operaciones en los nuevos yacimientos.
Entre los obstáculos mencionados figuran la falta de prospección y exploración de las zonas asignadas, su lejanía de la capital departamental y los conflictos con comunidades locales, además de los altos costos de inversión que requiere la apertura de nuevos frentes de explotación.
“Las cooperativas reclaman que las áreas otorgadas no se encuentran prospectadas y enfrentan resistencia social para ingresar a las comunidades”, señala la solicitud enviada por Comibol, que reitera su compromiso de cumplir el mandato constitucional para preservar el Cerro Rico de Potosí, símbolo histórico y patrimonio nacional.
