La carne de res, carne de res molida, carne de pollo, arroz de primera, harina de trigo y aceite a granel son los seis productos que registraron alza en sus costos, según el sondeo de precios de productos de consumo general realizado en octubre por la Defensoría del Pueblo.
La institución defensorial advierte que la situación afecta al derecho a la alimentación adecuada, suficiente y sana de la población.
De acuerdo al sondeo, los productos con mayor incremento de precios son la harina de trigo a granel (+80%), el arroz de primera (+72%), la carne de res molida (+67%).
De igual forma el aceite a granel (+42%) y la carne de pollo entero (+26%). Esto refleja una tendencia inflacionaria sostenida que impacta directamente en la accesibilidad económica a los alimentos, uno de los pilares del derecho a la alimentación.
Por otra parte, muestra que Santa Cruz es el departamento más afectado con el incremento del costo de la carne de res. Y Trinidad el que mayor incremento registra en el precio de la carne de res molida.
INCREMENTO
Asimismo, el estudio realizado en los mercados de abasto de las nueve ciudades capitales y la ciudad de El Alto, revela que, entre enero y octubre de 2025, el costo de la canasta básica de alimentos aumentó entre 19% y 33%.
Las ciudades más afectadas con el alza de precios de alimentos son: Potosí (+33,6%), Cochabamba (+30,7%), Tarija (+29,7%) y Santa Cruz de la Sierra (+29,4%).
En este sentido, en enero de 2025, la canasta básica que consta de 13 productos, en La Paz se adquiría por Bs 177. En octubre el costo de la misma es de Bs 222, lo que representa un 25% de incremento.
Similar situación se da en Oruro, donde el costo de esta canasta básica en enero del 2025 era de Bs 164 y para octubre de 2025 es de Bs 203.
Ante esta situación y en cumplimiento de su mandato, la Defensoría del Pueblo realizó requerimientos de información y acciones de seguimiento ante las entidades estatales competentes.
FACTORES
En respuesta, el Viceministerio de Comercio y Logística Interna atribuyó el alza de precios a factores internacionales, regionales y de conflictividad interna. Además de la escasez de divisas que afecta la capacidad de abastecimiento de hidrocarburos y la logística productiva.
“No obstante, la institución defensorial observó que las medidas adoptadas hasta la fecha son de carácter contingente. Y, no atienden las causas estructurales que inciden en la seguridad alimentaria de las familias bolivianas”, señala una nota institucional.
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Por ello, la Defensoría del pueblo exhorta al Estado boliviano a través de las instancias nacionales, departamentales y municipales a garantizar el abastecimiento interno de alimentos a precios justos. Pide además reforzar los controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación. Y, promover políticas públicas sostenibles orientadas a la protección del derecho a la alimentación.
El análisis defensorial se enmarca en su mandato constitucional y la Ley 870, que le otorgan la atribución de monitorear, promover y defender los derechos humanos, entre ellos el derecho a la alimentación.
