La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada”. Constitución Política del Estado (CPE), artículo 7: “De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”. Léase bien: la soberanía del pueblo boliviano es inalienable e imprescriptible. El poder que ejerce un presidente de turno es un poder prestado.
La voluntad constituyente fue sabia en varios aspectos, fue reflejo fiel de su propio devenir histórico. La CPE de 2009 es la primera que reúne el conocimiento plural de una Bolivia profunda, de un pueblo sacudido y rebelado, de un pueblo que decidió mantenerse de pie y no de rodillas, un pueblo que sabe en carne propia lo que significa la frase que culmina nuestro Himno Nacional, ¡Morir antes que esclavos vivir! El pueblo es sabio porque sabe, que cuando la soberanía no es posible ejercerla de manera delegada, es necesario ejercerla de manera directa. No hay quien lo sepa mejor que los que estuvieron en la primera línea en la Guerra del Gas, en el puente de Huayllani, en Senkata; no hay quienes lo sepan mejor que las familias y comunidades bolivianas que perdieron sus seres amados en la lucha contra las políticas de privatización y contra el Estado golpista bajo Jeanine Añez.
Incluso sin contar el golpe contra Evo Morales de noviembre de 2019, Bolivia, entre todos los países del mundo, es considerado el país con la mayor cantidad de golpes de Estado desde 1950. Si miramos más atrás, son casi 200 desde 1825, promedio de casi un golpe por año desde su fundación. El número es tan contundente y tan sobresaliente en comparación con otros países, que René Zavaleta Mercado lo atribuyó a los golpes en Bolivia “el cariz de un hábito social”. Esto no solo significa que se haya linchado presidentes en la plaza Murillo, abierto el fuego contra el propio pueblo, que se ha quemado y se ha estrellado tanquetas contra el Palacio de Gobierno; también significa que lo que el neoliberalismo llamó “la ingobernabilidad de Bolivia” es expresión compartida de una sociedad abigarrada, diversa y profundamente dividida.
La observación de Zavaleta podría hasta parecer cómica si no sería cierta; si no estaríamos hablando de los miles de cuerpos y vidas sobre las que se viene gestando nuestro país como proyecto, ya sea como proyecto de sumisión imperialista o como lucha de liberación anticolonial. Ante semejante telón de fondo, entre auges y abismos, sería falso no reconocer que, objetivamente, el grueso de los años del MAS cuenta entre los momentos políticamente más estables y económicamente más prósperos en la historia general de Bolivia.
Pero tampoco el MAS pudo sostener su victoria en el tiempo: nunca supo recuperarse ni de sus propios errores garrafales ni de la profunda fractura que le infligió el golpe de 2019. Y fueron aquellas vidas, aquellos cuerpos y aquellas familias y comunidades en luto e indignación, las mismas que entre 2003 y 2005 abrieron el camino para que el primer indígena, el primer campesino cocalero, asumiera como presidente —marcando un precedente imborrable de la historia de liberación de los pueblos colonizados en el mundo entero— ese mismo pueblo, el soberano, también fue quien le quitó aquel poder que apenas le había delegado.
Luis Arce, se lo quiera o no, asumió su derrota política y electoral abriendo paso para una sucesión constitucional. Sin embargo, el gobierno constitucional de Rodrigo Paz, por su parte, está demostrando que no entendió quién le delegó el mandato ni entendió que elecciones no solo se ganan con votos a favor, pero con los votos en contra del contrincante, lo que políticamente significa estar caminado por la cuerda floja. Tampoco entendió —así lo sugiere el pensamiento zavaletiano— que golpes no solo dan los militares, ni solo se dan con la Biblia en la mano. La soberanía reside en el pueblo y en caso de urgencia, se ejerce de manera directa.
*Es doctor en Filosofía
