Los magistrados electos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) denunciaron este lunes una serie de “anomalías” cometidas por los cinco magistrados “autoprorrogados” que continúan en funciones desde la Declaración Constitucional 0049/2023, fallo que permitió la prórroga de mandato en esa máxima instancia constitucional y el Órgano Judicial.
Los magistrados del TCP Boris Arias, Edson Dávalos, Amalia Laura y Paola Prudencio afirmaron que las autoridades porrogadas desarrollaron “conductas sistemáticas” para mantenerse en el cargo.
“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado en tres oportunidades la cesación de sus funciones, lesionando el principio fundamental que establece que nadie puede ser parte y juez en su propio interés”, señalaron en una declaración pública.
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La magistrada detalló que una de las anomalías está relacionada con el Auto Constitucional 053 /2024-O, de 12 de junio de 2024, que declaró procedente una queja por incumplimiento y frenó la aprobación de los proyectos de ley 73 y 75 /2023-2024, ambos orientados a viabilizar la cesación del cargo en la Asamblea Legislativa.
Otra de las irregularidades, mencionó, que se ejerció este año con el Auto Constitucional 002/2025, que declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 124 /2024-2025. La norma proponía la conformación y el funcionamiento excepcional del TCP como del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Esta forma de resolución es absolutamente arbitraria. En ningún caso, mediante la emisión de un auto constitucional puede declararse la inconstitucionalidad de un proyecto de ley. Ante esta actuación arbitraria, presentamos un incidente de nulidad contra dicho auto constitucional cosa que a la fecha no tuvo pronunciamiento alguno”, indicó.
La tercera observación se refiere al Auto Constitucional 070/2025, notificado el 31 de octubre pasado, en pleno feriado de Todos Santos, mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 259, que preveía el funcionamiento transitorio y excepcional del TCP y del TSJ.
“Con un simple auto declararon la inconstitucionalidad de un proyecto de ley. Todos estos abusos y anomalías tienen un solo fin, la permanencia para ejercer el dominio de la sala plena del TCP, como de la Comisión de Admisión”, denunció.
Los magistrados electos advirtieron que estas conductas “coartan” la facultad de la nueva Asamblea Legislativa e impiden sancionar una ley que permita el cese de funciones de los cinco magistrados “autoprorrogados” y retorne la institucionalidad al TCP.
“Olvidan que la soberanía reside en el pueblo boliviano, que ha confiado en sus autoridades electas en el Órgano Legislativo y en el Ejecutivo para reponer el orden democrático y constitucional”, afirmó Prudenció.
