En un anterior artículo afirmé que los resultados electorales fueron accidentales y que estamos ante un gobierno precario. Sin embargo, la cuestión está en que la relación entre los mandatarios se descompuso antes de dos semanas de gestión; esto supera la anécdota, es muy grave. La profundidad de la crisis política que vive el país exige una hipótesis de referencia: Seguimos con las secuelas de la crisis del 2019, arrancada por el incumplimiento de los resultados del Referéndum del 2016. Al cuadro crítico se añadió el descalabro del MAS que generó un enorme vacío en torno a su hundimiento.
Esto configura una crisis en toda regla, aunque estemos en relativa calma por las expectativas del nuevo gobierno, pero que puede dispararse por esta prematura fractura. Enfrentar la crisis exige coherencia, consistencia y fortaleza, lo cual es imposible con un gobierno dividido o, peor, bicéfalo. A estas alturas pedir aquello es imposible —si es que alguna vez existió esa posibilidad con la sigla alquilada que ganó las elecciones— por ello la necesidad de explicar esta crisis y recoger las lecciones aprendidas.
Empecemos por la hipótesis. La caída del gobierno de Evo Morales el 2019, en medio de violencia y una inocultable interrupción institucional, mostró un país crudamente dividido social y geográficamente. Especialmente luego de las masacres de Senkata y Huayllani y la gestión de un gobierno violento, corrupto y racista. La división hizo un lado con los sectores urbano-capitalinos (salvo El Alto), acomodados y de clase media (donde Tuto y Samuel ganaron) y, al frente, los barrios periurbanos y comunidades que son lo popular, lo rural y lo campesino e indígena (donde ganó el PDC y el voto nulo). La correlación confirma el hecho de que personajes del gobierno de Jeanine Añez ocupan lugares importantes en el gobierno, a la cabeza de Samuel Doria Medina y del viceministro que pusieron para hacer tareas del vicepresidente. Muchos paralelos, seguimos con la proyección de los daños del 2019, con revanchas incluidas, y esto contamina el ambiente político.
La segunda hipótesis, en nuestra opinión: la raíz del conflicto político entre los mandatarios es la diferencia de electorados que apoyaron a uno y al otro. Son completamente diferentes y decantaron en la primera vuelta y más aún en la segunda vuelta. El electorado que apoyó al presidente Rodrigo Paz es, claramente, citadino capitalino y de la clase media para arriba; aunque en este electorado perdió con Tuto Quiroga que era el representante auténtico. Edmand Lara, lo mismo que Edgar Morales, actual ministro de Trabajo, fueron respaldados por gremiales de El Alto, Oruro y Potosí y con ello proyectaron la representación de comunidades fronterizas, cooperativistas mineros, sectores populares periurbanos, rural y campesinos; en la segunda vuelta, el apoyo todavía decantó más el voto nulo, sobre todo en Cochabamba.
Estas representaciones poco convergentes y hasta enfrentadas son el caldo de cultivo para ver el gobierno desde ópticas absolutamente diferentes. Ambos mandatarios empezaron a separarse desde las campañas y, críticamente, desde el 19 de octubre. Paz acudió a cuanta convocatoria le hicieron los empresarios cruceños vinculados al agronegocio y la gestión se inició con la postergación del vicepresidente, empezando por el gabinete donde la gente de Samuel Doria Medina se impuso. Con las medidas, los compromisos de Lara se postergan y quedan de lado como la elevación de la renta dignidad, la anulación de la renta vitalicia para los exmandatarios, el perdonazo tributario y, en especial, la reestructuración de la Policía, que debía empezar por el cambio del alto mando policial.
Las medidas, en la perspectiva de Paz, debían empezar por los compromisos con los empresarios como la anulación de cuatro impuestos: a las grandes fortunas, a las transacciones bancarias, a las promociones empresariales y al juego. Queda claro que el presidente privilegió los gestos —porque los impactos económicos son mínimos, aunque son una injusticia tributaria— a favor de la inversión privada y postergó sine die los temas críticos como los del combustible y los compromisos. Claramente, no es la agenda del vicepresidente.
Este es el meollo de los desacuerdos y que amenazan convertirse en ruptura al más alto nivel. Estas son las diferencias de fondo y que no fueron afrontadas desde el primer momento. Debió construirse una agenda que represente las perspectivas del presidente y del vicepresidente, con todas las dificultades que implica acercar posiciones y comprensiones tan disímiles. No se hizo aquello y eso se entiende como desprecio de la principal parte del electorado que ganó las elecciones y, a su representante, Lara.
El argumento de que se gobierna desde el Ejecutivo y se acompaña desde el Legislativo, son formas que debieron acomodarse a lo político. Lo mismo que la discusión sobre las atribuciones del viceministro de coordinación con el Legislativo —uno de los incordios— que, cuando menos, existen desde el 2004 y se mantuvieron con los Decretos de Organización del Poder Ejecutivo (DOPE), porque la Presidencia tiene temas administrativos y operativos que coordinar con el otro Órgano. Vale el mismo razonamiento para el receso parlamentario de fin de año que establece la Constitución Política, pero que en esta transición con tantas tareas pendientes y que el sentido común recomienda suspender, no lo hagamos porque sería incumplir la carta magna.
En fin, como se ve, las diferencias políticas entre los dos mandatarios son reales, debieron encararse al más alto nivel y generar una agenda de las bolivias y que, de una u otra manera, representan los dos mandatarios. No entender esta ecuación es imponer una racionalidad única y poner a un sector sobre el otro; la racionalidad que tiene al país saltando de crisis en crisis cada dos décadas.
En consecuencia, la campaña comunicacional en contra del vicepresidente —de los medios desesperados del financiamiento gubernamental y en la cual el Ejecutivo manda— simplemente es frívola, no explica que el desencuentro entre los mandatarios tiene un fondo ideológico. Que el vicepresidente no sea del todo consciente dada su inexperiencia política o que su incontinencia verbal lo haga cometer errores, sin duda, pero son cosas diferentes.
Hay un tema de fondo sobre cómo distribuir la carga económica del ajuste y, especialmente, en elegir los sectores sociales o agentes económicos privados —todos, porque no se habla del estado más que como «tranca»— con los cuales apostar para salir adelante. Acá estamos y difícilmente saldremos del incordio por la sencilla razón de que los factores de discusión son problemáticas económicas y las soluciones beneficiarán a unos y perjudicarán a otros, tal como es la política económica acá o en cualquier lugar del mundo.
Entonces, ¿a qué viene lo del menosprecio? Una, porque con el cambio de gobierno se ha sustituido lo social-popular por los agentes económicos-corporativos y esto beneficia a estos en desmedro de los primeros, que es el sector mayoritario que votó por Lara. Dos, porque volvemos al modelo de invertir la perspectiva de gobierno y de la economía en función al sector que es la élite político-económica tradicional y retrocedemos a un modelo excluyente por el cual no se votó.
Es vital no volver a equivocarnos en el diagnóstico, porque las consecuencias que vemos y sentimos podrían ser peores. Hay algo de tiempo y queda claro que la vía no son las visitas de cortesía sino el coraje de enfrentar las discusiones políticas imprescindibles.
Salud.
