Luego de las críticas que recibió tras sus declaraciones sobre que en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo “no hay” los aportes de los jubilados, el presidente Rodrigo Paz Pereira no se retractó y expuso más irregularidades y malos manejos en la entidad pública.
De acuerdo con el Mandatario, la Gestora Pública podría pagar $us 171 millones a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que manejaban el dinero para las jubilaciones hasta 2023, debido a un juicio de arbitraje.
“Ayer dije algo que generó cierta molestia en exautoridades con respecto a la Gestora. Pregunten si no estamos en juicio de arbitraje, a punto de perder (…), con el tema de la Gestora y las empresas que antes llevaban adelante el tema de los fondos (…), estamos a punto de perder con una de las empresas 94 millones de dólares y con otra 77 millones de dólares”, reveló Paz Pereira este martes a su llegada a Santa Cruz.
Gestora
El lunes, cuando aseguró que la Gestora no contaba con los dineros de los jubilados, debido a que las exautoridades se lo habían gastado, Jaime Durán, otrora gerente de esa entidad, afirmó que el Presidente está mal asesorado o mal informado.
El exgerente explicó que los aportes de los jubilados “están seguros” e invertidos en su mayoría, pues ésa es justamente la misión de una administradora de recursos públicos como la Gestora. No obstante, Paz Pereira criticó esa postura.
“Y todavía tienen el tupé, la cara de decir ‘no, si la planta de los jubilados está ahí’. ¿Y esto (los $us 177 millones) quién lo paga? Lo vamos a pagar todos nosotros, estos señores se fueron”, fustigó el Mandatario.
Además del posible pago por perder el juicio de arbitraje, el Presidente dijo que la Gestora también tiene deudas con los abogados internacionales.
“Ojalá nos alcance el tiempo por pésima gestión (…), ayer me han elevado el informe, lo han descuidado durante varios años, no solo que se le debe a los abogados varios millones de dólares”, afirmó.
Las declaraciones del Presidente también habían sido criticadas por analistas y economistas, quienes señalaron que sus afirmaciones fueron alarmistas y podrían generar desconfianza en la población.
