El fin parcial del subsidio a los combustibles no solo encareció la gasolina: marcó el cierre definitivo de un ciclo político y económico en Bolivia. Con el Decreto Supremo 5503, el presidente Rodrigo Paz tomó la decisión que todos sabían inevitable, pero que nadie quería ejecutar. Desde la noche del pasado miércoles, el país dejó atrás dos décadas de estabilidad relativa y entró en una fase de ajuste que reordena precios, alianzas políticas y expectativas sociales, mientras el nuevo gobierno enfrenta por primera vez el costo real de gobernar.
«Desde mi perspectiva, desde el miércoles empezó en realidad el gobierno de Paz. Empezó a gobernar ahí. Todo lo anterior fue como entrenamiento: calistenia y un poco de pilates. Las cosas serias empezaron entonces». La sentencia del economista Armando Ortuño sobre el Decreto Supremo 5503, que levantó parcialmente las subvenciones a los carburantes, sintetiza el consenso entre analistas: Bolivia atraviesa un punto de inflexión que redefine tanto la economía como la política del país. Y el gobierno de Rodrigo Paz, después de semanas de relativa calma, enfrenta ahora su verdadero examen.
El decreto anunciado ha generado reacciones encontradas. Paros de transporte, protestas sectoriales y un intenso debate sobre su oportunidad y forma dominan el escenario político. Pero para los economistas Armando Ortuño y Roberto Laserna, dos voces conocedoras y con perspectivas distintas pero complementarias, el problema no es si había que tomar la medida —ambos coinciden en que era inevitable— sino cómo se hizo y qué viene después.
La inevitabilidad
«Es un documento amplio que abarca aspectos diversos y por eso es muy complejo», explica Laserna sobre el D.S. 5503. «El tema inmediato es el de la subvención a los carburantes, que se ha levantado parcialmente, y que todos sabíamos que era inevitable. No solamente porque afectaba la economía fiscal, sino porque era desigualmente aprovechado, beneficiando a los más ricos, y generaba contrabando y corrupción».
Ortuño es igualmente categórico. «Ningún economista sensato, viendo los datos de la realidad del país, puede decir que fue una medida que no se tenía que tomar». Para él, el debate sobre si había que eliminar las subvenciones es «un falso debate». La cuestión real, sostiene, es otra. «El problema en este momento son las condiciones y las previsiones para todo eso. Ese es el debate ahora», sostiene.
Laserna ofrece una interpretación estratégica. «Recordemos que el decreto inicialmente establece una situación de emergencia económica y define sus medidas como excepcionales y temporales. Creo, por eso, que apunta a sentar las bases para iniciar un proceso más profundo de cambios». Para él, es apenas el comienzo. «Por ahora mantiene intervención sobre el mercado de los carburantes fijando precios. Pero el problema se resolverá solamente cuando haya competencia con otros proveedores y se liberen totalmente los precios».
Agrega que «hay temas relacionados con el sistema tributario, las normas de inversiones, el diferimiento de créditos y la repatriación de capitales que son de gran importancia, pero en algunos casos sujetos a reglamentación y aun así de efecto más lento. No así el estímulo a las exportaciones y el congelamiento del gasto salarial público y de los créditos a las empresas políticamente apadrinadas».
El momento de la medida también genera consenso, aunque por razones distintas. Ortuño es directo y asevera que «es el momento adecuado porque no se tiene la plata para mantener la subvención. Simple y llanamente ya el gobierno no tenía los recursos para mantenerlo». Laserna, en cambio, ve una ventaja estratégica. «En diciembre hay aguinaldos y un movimiento económico más intenso, por lo que es un mes en el que las familias tienen un colchón económico adicional que podría permitirles adaptarse mejor al choque inicial. Tal vez eso fue tomado en cuenta».
Pero, ¿es esto todo el ajuste? Ortuño precisa que «esta medida que ha tomado el gobierno incluso puede ser clasificada de gradual. La gasolina no ha subido totalmente. Lo estamos olvidando. Esta medida puede ser clasificada como gradualista. La gasolina sigue estando más barata que el precio internacional». Y recuerda que «el ministro de Hidrocarburos ha dicho: esto es por seis meses y luego va a flotar con el nivel internacional del precio. Probablemente aquí a seis meses va a subir todavía más».
El fantasma de la inflación: la gran ausencia
Si hay un punto donde Ortuño se vuelve implacable es en la falta de previsión antiinflacionaria. Su crítica va más allá de lo técnico y entra en lo político: «No se necesita ser demasiado inteligente para darse cuenta cuáles los sectores que en primera línea van a estar en conflicto cuando se mueve el precio de los combustibles. Son los que utilizan más intensivamente este recurso: transporte, el sector agroindustrial, el sector (minero) cooperativo».
Y agrega que «hasta la señora de la esquina sabe que, si se va a mover el precio del transporte, se van a mover los precios del resto de los bienes y servicios. La gente instintivamente lo entiende. Eso se llama presión inflacionaria».
Para Ortuño, el gobierno sabía esto de antemano, y por eso mismo sus medidas compensatorias son una admisión implícita de que habrá inflación. «El propio gobierno está dando una señal al compensar de que está previendo que habrá aumentos de precios». El aumento salarial anunciado es entonces “porque las autoridades están reaccionando ante la posibilidad de un aumento de precios».
Laserna, sin embargo, pone el énfasis en otro lugar. «Creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para compensar el impacto de esta medida otorgando respaldo a las familias con niños en escuelas fiscales, a las familias con ancianos y a los trabajadores». Pero coincide en un problema fundamental y es que, sin embargo, «esto no se está comunicando ni explicando bien».
Para Laserna, la inflación dependerá de variables menos tangibles. «Pasado este primer momento de choque y reacomodo, los precios tenderán a estabilizarse siempre que se logre dinamizar un mercado interno de divisas. En ello juega un rol fundamental la confianza, es decir, la subjetividad. Esta es una variable impredecible, pero que en cierto modo traslada también la responsabilidad hacia la sociedad».
Incluso Jorge Quiroga, desde su rol de oposición, entra en el debate. Ortuño lo rescata porque “cuando Jorge Quiroga critica, no es demagógico. El aumento va a generar presiones inflacionarias. Y dice: ‘Lo que yo proponía era un esquema para controlar los precios del transporte’. Efectivamente lo había dicho en campaña. Decía: ‘Hay que levantar, pero tenemos que ver el transporte’, porque esa es la vía por donde va a entrar la inflación».
Las formas
Si la inflación es el talón de Aquiles económico del decreto, la falta de preparación política es su pecado original. Ortuño dice que «si se va a hacer una política de levantar las subvenciones, ya sea gradual o de shock, lo primero que se debe pensar es cómo se va a gestionar el conflicto con el transporte, los sectores productivos, y cómo se va a tener una política antiinflacionaria».
«La pregunta inmediata que tendría que venir es: ¿el gobierno ha tomado esas previsiones? Al parecer, muy poco. ¿Qué pasa? El sector de transporte está reaccionando como se esperaría que reaccione. Y frente a eso, los procesos de diálogo, explicación, recién están viniendo», observa.
«No digo que se tenga que pactar con ellos la reforma. Estoy de acuerdo con los ministros: estas cosas no se pactan previamente. Pero ya se preparan para negociar inmediatamente. Al minuto de que se ha lanzado las medidas, ya se puede plantear las mesas de diálogo para definir las tarifas».
Es evidente que además esto implica otras instancias de gobierno. Hay algunas medidas que necesitan ser coordinadas con alcaldías y gobernaciones, porque son los encargados de controlar territorialmente algunos precios. “Y parece que este diálogo no hubo y que se está dando a posteriori», señala.
El terremoto político: alianzas que se rompen y se reconfiguran
Para Ortuño, el decreto no solo es un punto de quiebre económico sino el momento en que se define el verdadero mapa político del gobierno de Paz. «Al final esta medida está definiendo incluso quiénes son con el gobierno y quiénes no. Como todo, es en estas situaciones donde tú cuentas a tus aliados y a los que no están contigo. Aquí están los que están contigo hasta el final y los que no. Es un parte de aguas».
La reconfiguración es visible día a día y Ortuño la describe con detalle. Primero, “Libre (el partido de Jorge Quiroga) está jugando un rol muy interesante políticamente. Es cierto que las orientaciones incluso de las medidas del gobierno van en la línea del Libre. Pero Quiroga y varios de sus diputados están asumiendo una distancia bastante llamativa frente a las medidas del gobierno. Eso llama la atención. Lo que indica que esa idea de oposición constructiva que no la entendíamos muy bien cuando se la propuso hace unos meses ya empieza a tener una claridad política».
Más significativo aún es lo que ocurre dentro del oficialismo. «La bancada del PDC se ha roto. Hoy se ha roto. Si bien Lara no ha logrado pasar su resolución para rechazar el decreto porque se necesitan dos tercios, algunos senadores y diputados del PDC han apoyado. Incluso algunos senadores del PDC han votado en contra del presupuesto general para 2026»
Laserna, con una mirada más histórica, ofrece una perspectiva diferente. «Es normal que se redefinan las alianzas. En 1985 Víctor Paz armó una alianza para acceder al gobierno y otra para gobernar, después del 21060». Para él, el patrón se repite. «Con la segunda vuelta, la alianza para acceder al gobierno ha sido menos explícita, pero ahora se hace necesaria una alianza para la gestión».
¿Dónde está el problema entonces? «En definir los actores de la alianza cuando no hay partidos políticos y sí muchos aspirantes a la presidencia que quieren aprovechar el descontento de hoy confiando en que se convertirá en votos algún día».
La consecuencia es clara. Básicamente el PDC ya no está completamente bajo el control del gobierno y por lo tanto hay una nueva mayoría que es Unidad más una parte del PDC leal.
Desacoplamiento popular
Quizás la consecuencia política más grave que identifica Ortuño es el distanciamiento del electorado popular. «Tengo la impresión de que hay una fuerte tendencia de que el electorado popular se está desvinculando del gobierno. Discursivamente eso es notorio. Lo dicen. La idea del ‘gobierno de los ricos’, el ‘gobierno de la derecha’ empieza a ser el leitmotiv en ese mundo».
La pregunta que sigue es obvia: ¿quién capturará ese voto? Ortuño es cauto: «¿Quién va a agarrar ese mundo? No sé. Esa es otra historia. Si será Lara, volver a ser el MAS, volver a ser otros populismos, no sé». Pero su conclusión es tajante: «la lenta deriva derechista del gobierno de Paz acabó ayer. Desde mi perspectiva ya no tiene ninguna posibilidad de centrarse en este mundo».
Laserna, observando el mismo fenómeno desde otro ángulo, señala la fragilidad estructural de la política boliviana actual: cuando no hay partidos consolidados y solo «muchos aspirantes a la presidencia», el descontento popular se convierte en una oportunidad difusa que cualquiera puede intentar aprovechar, pero que nadie puede garantizar capitalizar.
Las ausencias que definen el futuro
Más allá del debate inmediato sobre combustibles e inflación, ambos economistas identifican vacíos estructurales en el decreto que definirán el rumbo económico de Bolivia.
Para Ortuño, «sigue siendo un instrumento parcial, porque es llamativo que no considera con mucha claridad dos dimensiones que son claves para la reforma económica: las pautas sobre las políticas monetarias y cambiarias, y tampoco es muy preciso sobre la política fiscal. Entonces siguen siendo temas en los cuales el gobierno todavía no precisa sus orientaciones».
Para él, estas ausencias no son menores. «Este componente va a tener que ser acompañado en algún momento de ajustes en el ámbito cambiario. Y ese es probablemente el gran tema que todavía no se está tocando».
Laserna aborda el tema cambiario con rigor y repara en la historia sobre cómo el país llegó a la situación actual. «El gobierno anterior cometió un error muy grave al forzar la bolivianización y, peor aún, al emitir moneda a un ritmo verdaderamente desenfrenado cuando las exportaciones caían, se generaban déficits y se agotaban las reservas del banco central. Creo que este periodo puede ser inscrito en los manuales de economía como una muestra clara de irresponsabilidad macroeconómica».
El diagnóstico es severo. «Resolver este problema no será fácil porque ha colocado al país en una economía irreal», sentencia. ¿La solución? Laserna es cauteloso, pero no se guarda su propuesta más llamativa. «Yo sigo insistiendo en que un golpe de timón fuerte pero definitivo sería reemplazar los bolivianos, ya desvalorizados, por dólares. La dolarización no es mágica, no resuelve todos los problemas. Pero creo que puede sentar bases más seguras para hacerlo. Y no es tan difícil si uno presta atención a la experiencia ecuatoriana».
Antes de eso, sin embargo, hay un problema de confianza que resolver. «Para que los dólares salgan de debajo de los colchones y vuelvan al sistema, la gente debe tener la certeza de que si deposita dólares recibirá la misma moneda cuando la necesite. Lo mismo para que la gente traiga de vuelta sus capitales del exterior, y para que los exportadores puedan confiar en los bancos nacionales», explica Laserna. El obstáculo es claro: el sistema financiero «no podría asumir una plena liberalización monetaria mientras el Estado no le devuelva los dólares de los ahorristas que el anterior gobierno utilizó arbitrariamente».
El juego recién empieza
Las dudas que aparecen en el camino hacia adelante son múltiples. ¿Logrará el gobierno controlar la inflación sin herramientas antiinflacionarias claras? ¿Se consolidará la nueva mayoría legislativa o seguirá fragmentándose? ¿Podrá Edmand Lara articular una oposición populista efectiva o será solo una resistencia testimonial? ¿Cuándo y cómo se abordará el tema cambiario que ambos economistas identifican como inevitable?
El decreto 5503, en ese sentido, no es un punto de llegada sino un punto de partida. La inflación, el tipo de cambio, la confianza en el sistema financiero y la recomposición del vínculo entre el gobierno y el electorado popular siguen abiertos y sin respuestas definitivas. El ajuste ya comenzó, pero el modelo que lo sostenga aún no está claro. En ese vacío se jugará no solo la viabilidad económica de las medidas, sino también la estabilidad política del gobierno de Paz. El verdadero examen, como coinciden los analistas, recién empieza.
