Las principales organizaciones campesinas del país, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), anunciaron su incorporación a las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503.
Luciano Marca, dirigente de la CSUTCB, anunció que a partir del 5 de enero de 2026 los sectores campesinos realizarán medidas de presión en contra del decreto que promulgó el presidente Rodrigo Paz Pereira el pasado 17 de diciembre.
“Desde enero, el campo y la ciudad volverán a las calles. No vamos a permitir que un decreto afecte a los hermanos más humildes. Nuestra lucha es por justicia y por la defensa de nuestro pueblo”, afirmó.
Movilizaciones
De acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), el Decreto Supremo 5503 no contiene solo la eliminación a la subvención de combustibles, sino también una serie de artículos “de contrabando” que son anticonstitucionales y vulneran los intereses nacionales.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, dijo que el documento resta funciones a la Asamblea Legislativa, facilita la inversión extranjera en recursos naturales, como el litio, y autoriza un elevado nivel de endeudamiento.
Desde la Conamaq, el Jiliri Apu Mallku, Víctor Apaza, señaló que, tras un análisis de los 121 artículos del Decreto 5503, el Gobierno impulsa medidas discriminatorias, pues ninguna de las medidas favorece al sector indígena campesino originario.
“Conamaq rechaza el decreto, nos amerita salir a las calles, quedarse en las calles, hasta que se derogue el decreto”, afirmó, tras un consejo entre los diferentes ayllus.
Desde el lunes, diferentes sectores y organizaciones sociales se sumaron a las medidas de presión, pese a las fiestas de Navidad y de Año Nuevo.
Inclusive, ya se instalaron las primeras huelgas de hambre exigiendo la derogación del Decreto 5503 por parte del Magisterio Urbano y del Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin).
Este martes, los choferes asalariados también anunciaron su respaldo a las movilizaciones de la COB y desconocieron el acuerdo al que llegó el Gobierno con la Confederación de Choferes de Bolivia el pasado domingo.
En tanto, varios ministros de Estado consideran que hay una motivación política en las medidas de presión contra el decreto, impulsadas por sectores que buscan mantener sus privilegios y no afrontar la realidad económica que atraviesa el país.
