El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, observó este miércoles la proposición acusatoria presentada contra el vicepresidente Edmand Lara por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y concusión, y dio un plazo de 24 horas para subsanar las observaciones.
“(…) Lo que a los efectos de asumir la decisión que corresponda en el marco de un debido proceso, y conforme a lo previsto en el Art. 55 precitado, se dispone observar la presente proposición acusatoria, otorgando un plazo de 24 horas para que el proponente subsane las observaciones señaladas”, señala el pronunciamiento de la máxima autoridad del Ministerio Público.
El martes, el activista Peter Erlwein Beckhauser presentó una proposición acusatoria contra Lara y según la denuncia, el Vicepresidente habría realizado llamadas a ministros y viceministros para exigir espacios dentro del Gobierno, valiéndose de su investidura.
Además, según el activista, Lara habría recibido 10.000 juguetes que, según su denuncia, provendrían del contrabando de oro de empresas chinas.
En el documento, Mariaca recordó que Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales podrán desestimar denuncias escritas “en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión”.
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Según el pronunciamiento, la denuncia se sustenta en publicaciones periodísticas y declaraciones difundidas en medios de comunicación, que, tras la revisión del memorial, el Fiscal General determinó que no se cumple con los requisitos legales exigidos para este tipo de procesos de privilegio constitucional.
En el documento, Mariaca señaló que la denuncia carece de una relación fáctica clara que describa con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se habrían cometido los hechos denunciados, limitándose a referencias genéricas provenientes de terceros y del ámbito mediático.
Asimismo, indicó que el denunciante hace alusión a la supuesta recepción de dádivas por parte del Vicepresidente, consistentes en cargamentos de juguetes presentados como donaciones sociales, presuntamente entregados por ciudadanos de origen chino vinculados a minería ilegal y tráfico de oro. Sin embargo, el Fiscal General advirtió que no existe una verificación mínima sobre el origen de los bienes ni elementos probatorios que sustenten dichas afirmaciones.
Respecto al segundo grupo de hechos, relacionados con presuntas solicitudes de cargos laborales dentro de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la autoridad observó que se trata de acusaciones cruzadas difundidas en medios, sin un relato fáctico estructurado que permita identificar una conducta penalmente relevante atribuible al Vicepresidente.
Asimismo, el Fiscal General advirtió que no existe una adecuada vinculación entre los hechos descritos y los tipos penales invocados.
