En poco más de un mes, el Viceministerio de Transparencia recibió 340 nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran a al menos 60 entidades públicas del país.
La información fue confirmada por el viceministro de Transparencia, Yamil García, en una entrevista concedida al programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
Según la autoridad, el volumen de denuncias evidencia que la corrupción estuvo “institucionalizada” en distintos niveles del Estado durante varios años consecutivos.
García explicó que estas prácticas generaron esquemas de prebendalismo, cobros irregulares y presuntos casos de enriquecimiento ilícito en entidades estratégicas.
Denuncias
El sector de hidrocarburos concentra la mayor cantidad de denuncias registradas hasta la fecha, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entre las más señaladas.
En el caso de YPFB, el viceministro mencionó la investigación contra un exdirector de contrataciones que incrementó su patrimonio en Bs 15 millones.
Indicó que varios bienes inmuebles y vehículos del exfuncionario ya cuentan con anotación preventiva, como parte del proceso de investigación patrimonial.
Respecto de la ANH, García afirmó que existen múltiples denuncias y “claros indicios de enriquecimiento de exdirectivos”.
Otra de las instituciones con un número significativo de denuncias es la Caja Nacional de Salud, según el reporte del Viceministerio.
Transparencia
Asimismo, se registraron denuncias en entidades dependientes de los ministerios de Economía y Defensa, además de varios gobiernos subnacionales.
En algunos municipios, las denuncias refieren presuntos cobros irregulares, extorsiones y uso indebido de recursos públicos en procesos administrativos.
El viceministro señaló que actualmente se desarrolla un proceso de categorización de las denuncias para priorizar los casos más graves.
Este trabajo permitirá concentrar los esfuerzos investigativos en las entidades que presentan mayores indicios de daño económico al Estado.
Resultados
García aclaró que, una vez se obtengan resultados preliminares, se activarán los procesos penales y administrativos correspondientes.
Subrayó que se trata de investigaciones por daño económico verificable y no de acciones de persecución política, como denunciaron algunos sectores.
Además, informó que la Comisión de la Verdad del caso Botrading amplió su trabajo mediante un rastreo de inteligencia financiera.
El objetivo, explicó, es identificar a los funcionarios involucrados, determinar el destino de los recursos públicos y recuperar bienes para el Estado.
