La cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), abrió un nuevo escenario de confrontación política y jurídica entre actores del sistema electoral boliviano.
La decisión se sustenta en el incumplimiento del requisito mínimo del 3% de votación en las elecciones generales, establecido en la normativa electoral vigente para los partidos nacionales.
Desde ADN, la candidata a alcaldesa de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, anunció que la organización no se limitará a acciones constitucionales y que activará otras vías administrativas e internacionales. “No solamente acciones constitucionales, estamos planteando políticas administrativas, estamos solicitando que se desarme de una manera cautelar”, afirmó en declaraciones a la prensa.
ADN
“Si tengo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), lo haré”, insistió.
Consideró que la inhabilitación afecta tanto a candidatos como a la militancia.
Por su parte, el exdiputado y candidato la Gobernación por ADN Rafael “Tata” Quispe cuestionó la aplicación del principio de preclusión y afirmó que su habilitación fue publicada oficialmente. “Junto a la norma está el principio de preclusión. A mí me han notificado y han publicado, dice: Tata Quispe habilitado”, cuestionó el exlegislador.
Sostuvo que los derechos ciudadanos están por encima de decisiones administrativas y atribuyó la situación a errores internos no resueltos oportunamente por los partidos.
“Ellos tenían que haber solucionado sus problemas con los partidos políticos en el tiempo oportuno”, afirmó el político, quien deslindó responsabilidad personal en el conflicto.
Personería jurídica
En contraste, el exgobernador y candidato Félix Patzi defendió la decisión del Órgano Electoral y llamó a fortalecer la cultura política y democrática en el país.
“La norma es clara: si no alcanzas el 3%, la eliminación debe ser automática”, recordó.
Señaló que el respeto a las reglas es fundamental para consolidar la institucionalidad democrática y evitar interpretaciones discrecionales del proceso electoral.
Mientras tanto, el TSE ratificó que la cancelación de la personería jurídica de ADN tiene efectos inmediatos sobre sus candidaturas y militancia.
El caso reaviva el debate sobre la aplicación estricta de la norma electoral y el equilibrio entre legalidad, derechos políticos y cultura democrática en Bolivia.
