El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció este miércoles la intervención inmediata al Juzgado de Cuatro Cañadas, de Santa Cruz, luego de admitir una acción de amparo constitucional que buscaba revisar la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN).
La autoridad judicial indicó que el objetivo de esta intervención será realizar una verificación exhaustiva de los actuados, con el fin de determinar si el juez en cuestión actuó dentro de los parámetros de su competencia o, por el contrario, incurrió en irregularidades.
Advirtió que, una vez recabada la información, se procederá a analizar si la conducta del administrador de justicia, constituye una falta disciplinaria.
“De verificarse una falta disciplinaria gravísima, como podría ser el caso de acciones que pongan en riesgo un proceso electoral, el Consejo no dudará en proceder a la suspensión del juez, conforme a la ley”, afirmó Spencer.
Con esta acción, el Consejo de la Magistratura busca reafirmar su compromiso con la independencia judicial, pero también con la responsabilidad, transparencia y ética que deben guiar a todos los operadores de justicia, especialmente en momentos críticos para la democracia como lo es un proceso electoral.
El martes, la Policía aprehendió al juez Michael Quiroga, quien fue trasladado hasta la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tras horas de estar encarcelado fue liberado.
El titular de la Magistratura aclaró que la aprehensión del juez fue ejecutada mediante una acción directa de la Policía y no por disposición de esa institución.
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Indicó además que a raíz de una denuncia formal presentada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la magistratura tomó conocimiento de una situación que podría comprometer la normalidad de los próximos comicios subnacionales.
Según lo expuesto, la denuncia alertó que un juez, al pretender resolver una acción de amparo constitucional, estaría adoptando decisiones que “dejarían en zozobra las elecciones subnacionales”, el cual iba a generar un riesgo inminente para la seguridad jurídica del proceso electoral.
Frente a esta situación, indicó que el Ministerio Público actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y procedió a una acción directa, en el que solicitando incluso una medida de arresto y una audiencia para el caso.
Spencer afirmó que Consejo de la Magistratura, como ente administrativo y disciplinario del Órgano Judicial, actuará con celeridad y dentro del estricto marco de sus competencias.
“Nuestra función es controlar que los administradores de justicia actúen con la debida competencia, idoneidad y respeto a la ley”, declaró.
