“No nos pidan cometer un delito, no lo vamos a hacer”. Con esa afirmación, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, ratificó la cancelación de las personerías jurídicas de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unión Cívica Solidaridad (UCS).
La autoridad electoral aseguró que la determinación se enmarca estrictamente en la Constitución Política del Estado y en la normativa electoral vigente.
Asimismo, enfatizó que el Órgano Electoral no puede alterar procedimientos legales ni ceder a presiones políticas, sin incurrir en una vulneración de la ley.
Gustavo Ávila
“El trabajo del TSE está guiado por la Constitución y las leyes, y esas normas deberían guiar a todas las autoridades”, sostuvo en conferencia de prensa.
Explicó que las reglas del proceso electoral fueron definidas y aprobadas con anterioridad, por lo que no pueden modificarse de manera excepcional.
El presidente del TSE aclaró que la cancelación de personerías jurídicas no es una decisión reciente ni discrecional.
ADN
Señaló que se trata de la conclusión de un procedimiento iniciado tras las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, cuando ADN apenas llego al 1,45% de los votos válidos y UCS, al 1,67%. Sin embargo, aunque la Ley 1096 de Organizaciones Políticas establece que los partidos que participan en los comicios generales deben alcanzar el 3% como mínimo.
Indicó que dicho trámite fue suspendido temporalmente debido a recursos legales presentados por las propias organizaciones políticas afectadas.
“Estas organizaciones se mantuvieron vigentes porque acudieron al Tribunal Constitucional”, precisó Ávila.
Añadió que, una vez conocido el fallo correspondiente, el TSE actuó de forma inmediata y conforme a ley.
UCS
Durante el fin de semana, el vicepresidente Edmand Lara acusó al Órgano Electoral de asumir supuestas decisiones políticas sobre ADN y UCS. Cuestionó que la medida se haya adoptado a menos de dos meses de las elecciones municipales y departamentales.
En mensajes difundidos en redes sociales, calificó como “lamentable” la actuación del TSE y convocó a los candidatos afectados a organizarse y acudir a instancias legales.
El vicepresidente sugirió, sin presentar pruebas, la existencia de presiones e intereses partidarios detrás de la decisión electoral.
