En el marco del diálogo político Unión Europea-Bolivia, el Ministerio de Gobierno y los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Bolivia suscribieron un nuevo documento de cooperación, en presencia de la comitiva de la Unión Europea, organismo que financia esta iniciativa con 3 millones de euros.
El acuerdo está orientado a generar información basada en evidencia, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer las capacidades de los principales actores involucrados en la prevención y la lucha contra el tráfico de drogas.
En el encuentro participaron, por parte del Gobierno, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano; mientras que por la Unión Europea estuvo presente Pelayo Castro, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS).
Además de Félix Fernández-Shaw, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea; Jaume Segura, embajador de la Unión Europea; y los embajadores de los Estados Miembros de la UE, como los representantes de la Unodc Bolivia.
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En la reunión, el viceministro Justiniano presentó antes ambos organismos los lineamientos de la política antidrogas 2026-2030, orientada a enfrentar de manera estructural el narcotráfico y sus delitos conexos.
De acuerdo con una nota de prensa institucional, Justiniano señaló que el principal desafío actual no es únicamente la droga, sino la articulación del narcotráfico con economías criminales como el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas y el control territorial, lo que exige respuestas integrales y coordinadas.
“La nueva política prioriza una interdicción selectiva e inteligente, enfocada en la desarticulación de organizaciones criminales y el golpe a las finanzas ilícitas; el control de cultivos ilegales con enfoque de derechos humanos; la prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública; y el desarrollo alternativo como pilar para cerrar el ciclo de las economías ilícitas”, señala la nota de prensa.
Asimismo, se enfatizó que ninguna política antidrogas es sostenible sin instituciones fuertes, por lo que se incorporó como eje central el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la integridad institucional y la consolidación del sistema judicial, con énfasis en la reducción de la impunidad y en decisiones basadas en evidencia.
En tanto, Oviedo destacó la necesidad de contar con fuerzas de seguridad eficaces, profesionales e íntegras y subrayó que la lucha contra el crimen organizado requiere instituciones sólidas, respeto al estado de derecho y una acción firme del Estado para proteger a la ciudadanía.
Remarcó que la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión legítima y la confianza institucional.
En tanto, el representante de la UNODC en Bolivia expuso un panorama sobre los riesgos globales y regionales que surgen a partir de las nuevas dinámicas de la criminalidad, las cuales involucran no solo un delito, sino una amplia gama de delitos graves.
En esa línea, reafirmó su compromiso de brindar asistencia técnica especializada que permita al Estado tomar decisiones orientadas a mitigar estos riesgos, promoviendo la participación de actores públicos y privados.
Los representantes de la Unión Europea realizaron una exposición sobre el alcance del crimen organizado y sus dinámicas, las cuales se manifiestan en diversos delitos graves interrelacionados.
Durante su intervención, reafirmaron el compromiso de la Unión Europea de continuar brindando apoyo financiero y técnico en Bolivia a través de los proyectos actualmente en ejecución, que se suman a una trayectoria de larga data en asistencia y cooperación.
Destacaron el rol fundamental del sistema penal y del sector justicia como actores clave en la lucha contra este flagelo global, subrayando la importancia de la cooperación regional e internacional como un mecanismo esencial para articular esfuerzos y fortalecer las capacidades institucionales.
