Una vez más, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en el centro de la polémica, por un presunto negociado en la importación de barriles de petróleo a través de la empresa Trafigura Group, con sede en Singapur.
De acuerdo con diputados de Alianza Popular y la alianza Libre, el Estado podría estar pagando aproximadamente $us 4 millones mensuales en la compra de petróleo con sobreprecio, debido a los costos que maneja Trafigura, actual proveedora de crudo para el país.
Denuncia
Según los legisladores la empresa Botrading (cuestionada duramente por el actual Gobierno y con dos procesos penales en su contra) abastecía hasta 2025 de crudo al país por un monto de $us 9,10 por barril de petróleo en la estación de Pocitos, Yacuiba, y de $us 18 en la termina de Sica Sica, en Arica, Chile.
Sin embargo, los costos actuales con Trafigura son considerablemente más elevados. El barril de petróleo en Pocitos cuesta $us 20,88 y en Sica Sica $us 22,8.
Según el diputado Rolando Pacheco, de Alianza Popular, los contratos establecen que el país adquirirá 715.000 barriles a través de Arica, por lo que YPFB destina $us 16,3 millones a Trafigura para adquirir el crudo, monto bastante superior a los $us 13,1 millones que debía pagar con Botrading.
En tanto, en Pocitos se adquieren 50.000 barriles de petróleo. Con Botrading, el precio final habría sido de $us 455.000, pero con Trafigura el precio asciende a más de $us 1 millón, lo que indica un sobreprecio total de aproximadamente $us 4 millones.
YPFB
El Gobierno anunció recientemente que importaría estas cantidades de crudo con el fin de reactivar las refinerías dentro del territorio nacional, que quedaron en desuso parcial a causa de la caída en los procesos de explotación hidrocarburífera. De esta manera, con el petróleo importado el país puede procesarlo y convertirlo en combustible. Este procedimiento resulta más económico que la importación directa de diésel y gasolina.
En criterio de Lissa Claros, diputada de Libre, los contratos con presunto sobreprecio fueron firmados por la actual administración de YPFB, a la cabeza de Yussef Akly, por lo que no se puede atribuir a un problema de la anterior gestión.
En los últimos días, Akly anunció que más de 350 funcionarios fueron despedidos con el objetivo de “limpiar” la empresa estatal, debido a que se sospecha de una “mano negra” de la anterior gestión que está boicoteando a la petrolera estatal desde adentro. En tanto, Alianza Popular denunció al presidente de YPFB ante el Ministerio Público.
