La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a Bolivia a desarrollar mecanismos efectivos que promuevan el acceso de las mujeres a cargos ejecutivos subnacionales, bajo criterios de paridad horizontal y en condiciones de igualdad.
En su informe preliminar, la misión destacó que, si bien el país es pionero en consagrar la participación igualitaria entre mujeres y varones en su marco constitucional y legal; sin embargo, advirtió que persisten brechas en los cargos ejecutivos.
Señaló que a diferencia de los órganos deliberativos como asambleas departamentales y regionales, y concejos municipales —donde rigen principios de paridad y alternancia—, la normativa no contempla medidas de acción afirmativa para alcaldías y gobernaciones.
Según el documento, esta situación se reflejo el pasado domingo, donde solo el 14% de las candidaturas a alcaldías y el 9% a gobernaciones fueron ocupadas por mujeres. De acuerdo con los datos del sistema de resultados preliminares, al menos siete de las nueve gobernaciones quedarían en manos de hombres.
“Esta profunda inequidad en el acceso a los cargos ejecutivos ya ha sido señalada en reiteradas oportunidades por las Misiones de la OEA”, manifestó.
La misión también observó deficiencias en la publicación y verificación de listas de candidaturas, que no se difundieron de manera oportuna ni en formatos accesibles para evaluar el cumplimiento de la paridad, la alternancia y el encabezamiento de las listas.
“Se advierte que se llegó al día de la elección sin que la autoridad electoral hubiera emitido un pronunciamiento respecto de si las agrupaciones políticas habían cumplido o no con todos los requisitos de la normativa, particularmente después de los procesos de inhabilitaciones, sustituciones y renuncias”, mencionó.
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Además, advirtió que la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral no operó durante el proceso electoral por falta de personal. Ante este panorama, la OEA recomendó restablecer dicha unidad y dotarla de recursos, así como adelantar los plazos para modificaciones de candidaturas, a fin de garantizar un control efectivo del cumplimiento de la normativa vigente.
Sobre el acoso y la violencia políticas, el informe también alertó que este problema continúa siendo una problemática estructural que afecta a las candidatas de manera constante durante todo el proceso electoral, el cual, según dijo, se enfoca en los roles y estereotipos tradicionales de género.
Pese a la vigencia de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres —aprobada en 2012—, la misión identificó debilidades en su aplicación y señaló que los mecanismos actuales se activan principalmente en casos de alta gravedad.
Del mismo modo, el informe señaló se evidenció la falta de coordinación entre instituciones, la ausencia de un registro único de denuncias y la inexistencia de una regulación específica sobre violencia digital, una modalidad cada vez más frecuente, especialmente contra candidatas a cargos ejecutivos.
Otra práctica preocupante, según la OEA, es la denominada “gestión compartida”, que implica presionar a mujeres electas para que renuncien a mitad de su mandato en favor de sus suplentes varones.
“Esto podría evitarse si se estableciera la obligatoriedad de que titulares y suplentes compartan género, disposición que no ha sido incorporada al marco reglamentario de esta elección”, añadió
El organismo internacional también recomendó crear un protocolo interinstitucional para prevenir y atender estos casos, avanzar en la regulación de la violencia digital, implementar un sistema integrado de registro de denuncias y establecer la obligatoriedad de que candidaturas titulares y suplentes sean del mismo género.
