La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) denunció presiones contra concejalas para forzar su renuncia a mitad de mandato.
A través de un pronunciamiento, la organización expresó “profunda preocupación” por acuerdos que buscan obligar a autoridades electas a ceder sus cargos a suplentes.
Según el pronunciamiento, estas prácticas se justifican con una “interpretación errónea del principio de alternancia” dentro de los gobiernos municipales.
Acobol afirmó que los acuerdos forzosos de gestión compartida “son ilegales” y no están reconocidos por la normativa vigente.
Acobol
La entidad sostuvo que estos mecanismos “vulneran los derechos políticos de las mujeres electas” y desconocen la voluntad popular expresada en las urnas.
Además, advirtió que estas acciones pueden constituir “acoso y violencia política” y afectar la institucionalidad democrática en el país.
En su pronunciamiento, recordó que el mandato de autoridades municipales es de cinco años y no puede estar condicionado por presiones políticas.
Acobol precisó que las causales de pérdida de mandato están definidas por ley y no incluyen acuerdos informales de alternancia.
Preocupación
Entre ellas mencionó sentencia penal ejecutoriada, renuncia expresa, revocatoria de mandato, fallecimiento o incapacidad permanente declarada.
La institución también citó la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.
Indicó que presionar o inducir a una autoridad a renunciar constituye un acto sancionado con penas de dos a ocho años.
“Obligarlas mediante la fuerza o intimidación a suscribir documentos contrarios a su voluntad es violencia política”, señala el documento.
Acobol rechazó “todo acto de agresión física, psicológica, presión, amenaza o intimidación” orientado a forzar renuncias.
TSE
Asimismo, exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a instancias departamentales a fortalecer mecanismos de protección para concejalas electas.
Pidió aplicar de forma estricta el reglamento en casos de renuncias con indicios de presión o violencia política.
En esos casos, señaló que no corresponde validar la dimisión y se deben remitir antecedentes al Ministerio Público.
La entidad anunció que realizará seguimiento permanente a estos hechos mediante su centro de monitoreo especializado.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito municipal.
“Velaremos por el cumplimiento de los derechos políticos de las concejalas de todo el país”, concluye el pronunciamiento.
