La diputada cruceña Patricia Arancibia, de la alianza Libre, solicitó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, emitir un pronunciamiento sobre la acción popular que derivó en la suspensión de encuestas electorales.
La legisladora consideró que la medida judicial podría contradecir compromisos institucionales asumidos para garantizar el desarrollo regular del proceso electoral en curso.
Fallo contra encuestas
Arancibia recordó el acuerdo firmado el 15 de enero de 2026 entre el Tribunal Supremo Electoral, el TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional, enfocado en fortalecer el sistema democrático.
Según explicó, ese compromiso establece la no interferencia de instancias judiciales mediante medidas cautelares que puedan afectar procesos electorales, reconociendo al TSE como máxima autoridad en la materia.
En ese marco, denunció que un consorcio jurídico vinculado a un candidato a la Gobernación de Santa Cruz habría promovido la acción popular que frenó la difusión de encuestas.
TSJ
La medida fue aplicada horas antes del debate electoral entre Otto Ritter y Juan Pablo Velasco, lo que, según Arancibia, genera dudas sobre su intencionalidad.
La parlamentaria afirmó que respeta el trabajo de los medios de comunicación cuando operan bajo normativa del TSE, pero cuestionó el uso de recursos judiciales en esta etapa del proceso.
“Rechazamos enfáticamente la injerencia de la justicia en el Órgano Electoral, porque no es nada sana”, sostuvo.
Asimismo, pidió a Saucedo aclarar si la decisión responde a una posición institucional del TSJ o a una actuación individual dentro del sistema judicial.
“Que diga si este es un acto consentido por el Tribunal o es un acto unilateral de un juez que está manoseando un proceso electoral”, manifestó.
Diputada
La controversia surgió tras la decisión del juez Diego Campero García, quien concedió una medida cautelar dentro de una acción presentada por María Elena Aramayo Quinteros.
El fallo ordenó a la red Unitel suspender la difusión de encuestas previstas durante el debate electoral.
Arancibia advirtió que, si se confirman irregularidades, su bancada impulsará acciones legales ante el Ministerio Público contra los responsables.
Además, anunció que solicitará informes al TSJ y al TSE para esclarecer el alcance de la medida y su impacto en el derecho a la información.
