El Gobierno y organizaciones campesinas de las provincias Ballivián y Vaca Díez, de Beni, alcanzaron un acuerdo que destraba, en parte, el conflicto en torno a la Ley 1720 y abre paso a procesos de saneamiento y titulación de tierras en el departamento.
Sin embargo, la marcha que partió de Pando continúa rumbo a La Paz.
La Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la clasificación de pequeñas propiedades privadas tituladas a medianas propiedades de forma voluntaria.
El acuerdo se dio en Rurrenabaque, donde ambas partes suscribieron un acta que define el alcance de la normativa. El documento establece que la aplicación de la ley se circunscribe a predios privados titulados, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento productivo.
El acuerdo también deja en claro que la norma no afecta las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni los derechos territoriales de las comunidades indígena originario-campesinas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, aseguró que los campesinos que se retirarán de la marcha “entendieron” las implicaciones de la Ley 1720.
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También, informó que el Gobierno seguirá dialogando con los campesinos.
No obstante, la marcha continuará su recorrido rumbo a la sede de Gobierno en La Paz. Los marchistas exigen la abrogación de la Ley 1720 y denuncian que sus demandas han sido minimizadas por las autoridades.
Los dirigentes aseguraron que la protesta se enmarca en el respeto a los derechos colectivos, la autodeterminación y la dignidad de las comunidades.
Mientras no exista una respuesta que atienda de fondo sus demandas, los sectores movilizados ratifican que la marcha seguirá avanzando y las medidas se profundizarán.
