Bolivia atraviesa la crisis social más severa desde 2019, con reminiscencias incluso de 2003, en lo que se consideraba agua bajo el puente, un paisaje en el retrovisor. Lo que comenzó el pasado 1 de mayo como una protesta salarial derivó en más de seis semanas de bloqueos. Hay decenas de puntos de corte en las carreteras, ciudades desabastecidas y una consigna estremecedora: la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Cualquiera sea el desenlace —y al cierre de esta edición se perfilaba una salida negociada—, el conflicto deja abierta una pregunta que excede a la coyuntura: ¿qué gobernabilidad es posible en Bolivia y cómo se construye?
Para abordarla, Animal Político, de La Razón, conversó con Gustavo Pedraza. Abogado, exministro y excandidato vicepresidencial en 2020, nuestro invitado es uno de los analistas más atentos a las relaciones entre territorio, poder y política en el país. Su lectura del momento no se queda en la superficie. Sostiene que el conflicto no es un accidente, sino el síntoma de un vacío que la política boliviana arrastra desde el final del ciclo masista.
El balance que hace Pedraza del conflicto empieza por una constatación sin matices: «Todos han perdido». El país, dice, «ha perdido considerablemente, particularmente las cadenas productivas de proteínas», que no lograron transportar pollo, huevo, cerdo y leche a los centros de consumo. «Se ha roto la cadena productiva», advierte, y eso anticipa que los precios «se van a encarecer en los próximos meses». Al daño productivo suma el golpe a la imagen externa, ante la inversión extranjera y los visitantes. El turismo, un sector con enorme potencial, «prácticamente se ha asfixiado». Su síntesis es contundente. «El costo económico y el costo político institucional son gigantescos», asevera.
Evolución del conflicto
Si la negociación prospera —»si hubiera una salida negociada, que probablemente la haya»—, Pedraza anticipa una disputa por las narrativas. «Yo creo que el gobierno va a asumir esto como una victoria, y también los bloqueadores. Sin embargo, no es tal, no es tal para el país», afirma. La salida, explica, no llega por el triunfo de nadie. «Esta salida es por el desgaste, por el cansancio, no por la victoria de uno u otro».
En el plano estrictamente político, el analista observa una asimetría decisiva en la evolución de las partes. «El gobierno no se ha movido de la posición en la que estuvo cuando se inició este conflicto. Y el campo movilizado sí se ha movido. ¿Y cuál ha sido el gran movimiento? La demanda de la renuncia», señala. Las dos vertientes originales del conflicto —la demanda mayoritaria, salarial, y la minoritaria, política— «se han fusionado en la demanda de la renuncia».
De esa mutación emerge, para Pedraza, el verdadero ganador de la coyuntura. Evo Morales «se ha instalado como el principal actor político actualmente, frente al presidente», sostiene. El expresidente, que llegó al conflicto «asomando de una manera muy disminuida», acorralado y parapetado, «se ha vuelto a instalar en el centro de la política nacional. Es el gran ganador en el campo político». En 42 días, dice, Morales «ha acumulado fuerza, ha rearticulado segmentos que estaban dispersos» e instaló una discursividad que le es familiar, «ante la contemplación del gobierno».
Gobernar sin hegemonía
¿Por qué se quebró tan pronto la gobernabilidad de un gobierno que ganó en segunda vuelta? La respuesta de Pedraza es estructural. «La lección de los 20 años (del MAS) es que la gobernabilidad fue posible por la mayoría absoluta», explica. Hubo gobernabilidad porque hubo hegemonía de partido único. Esa condición ya no existe y la victoria en balotaje no la reemplaza. «La segunda vuelta es un voto momentáneo, muy gelatinoso». Efectivamente, es una votación dirimidora, que no define la relación de fuerzas. Esta, formalmente, se establece en la primera vuelta y en la consecuente composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Roto ese piso, queda una sola alternativa. «Lo que puede reemplazar esa hegemonía es un pacto sólido de fuerzas políticas, de liderazgos políticos, que es lo que no ha habido», plantea. Las alianzas existentes no califican: la de Paz y Lara se hizo «de prisa, en menos de un mes». La que se tejió con Doria Medina «no ha funcionado sino para aprobar las leyes con votos, pero no para operar». La distinción que introduce Pedraza es clave para entender el dilema. La gobernabilidad importa en la Asamblea Legislativa, «pero es más importante, quizás, en el campo de lo social, de la sociedad como tal. Y de eso no hay».
Detrás de esa carencia hay, a su juicio, un vacío mayor: la ausencia de «un nuevo sujeto histórico que llene ese vacío que el masismo dejó». Esa orfandad explica «la fragilidad de los partidos, de las alianzas, la improvisación de las candidaturas». La oposición «no logró construir un nuevo sujeto alternativo al masismo» y concurrió dividida; incluso «los herederos del masismo optaron por el binomio Rodrigo Paz-Edmand Lara ante la ausencia de un proyecto propio».
Situación del oficialismo
Con ese diagnóstico, el margen del Ejecutivo es estrecho. «El espacio de maniobra del gobierno se ha reducido al mínimo. Tiene que hacer movimientos políticos muy creativos, muy inteligentes, para poder recuperar espacios de maniobra», advierte. Si hay acuerdo, «el presidente tiene todo el derecho de reorganizar el gobierno, y el gobierno tiene que reorganizarse». Pero la reorganización que propone va más allá del gabinete. «Tiene que haber un cambio estructural en el equipo del gobierno y en la visión del Estado y del gobierno sobre la forma de gobernar».
El componente más concreto de su propuesta apunta a la institucionalidad. «Tienen que terminarse los interinatos: los interinatos son para noventa días, no para toda la gestión», reclama. Cada entidad pública —menciona YPFB, la Contraloría, la Procuraduría, el INRA, la ABT, el Senasag y otras más— tiene procedimientos jurídicos de designación que deben cumplirse. El problema de fondo es la lógica que gobierna los nombramientos. «La lealtad al partido, al amigo, al amigo del colegio o del barrio, es la que define quién ocupa la función, y no el competente, el idóneo, el que se ha formado técnicamente». Reponer las designaciones bajo la formalidad legal no es, en su lectura, un tecnicismo administrativo, sino la condición de cualquier gestión. «Si no se reconstruyen las instituciones y no se restablece el Estado de Derecho, no va a haber gestión», sentencia.
Legitimidades en pugna
Hay un hilo que recorre toda la reflexión de Pedraza y que puede formularse así: jurar como presidente otorga legitimidad de origen, pero no garantiza la legitimidad de ejercicio. Esa segunda legitimidad se construye gestionando el poder con la base que lo hizo posible. Y ahí, sostiene, estuvo la falla inicial.
El dato que ofrece es electoral. «En La Paz, en la segunda vuelta, Rodrigo Paz logró un 62% y en Santa Cruz un 38%», recuerda. Sin embargo, «el inicio de la gestión no fue coherente con el apoyo electoral en términos de territorio». A eso se sumó la distancia entre oferta y ejercicio. «Durante la campaña, Rodrigo Paz ofertó una agenda de gobierno y, una vez que logró la victoria, empezó a gobernar con otra agenda. No aplicó la agenda que ofertó». El malestar creció con los errores de gestión, entre los que destaca el caso conocido como la gasolina sucia o gasolina basura.
La clave interpretativa de Pedraza es territorial e histórica. «Este país es fracturado de nacimiento y, al ser fracturado, es fragmentado en el campo de la política, en el campo cultural, en el campo de la economía», describe. De esa fractura deriva su fórmula central. «La gobernabilidad posible está en función, en la misma proporción, de la capacidad de equilibrar entre estos dos territorios y sus respectivas fuerzas sociales, económicas y políticas: el Oriente y el Occidente». Los votos obtenidos en ambos territorios «prácticamente lo obligaban a un gobierno de equilibrio. Sin embargo, la opción fue distinta». Su conclusión no admite ambigüedad: «hubo una falla en la política».
El desgaste ocasionado por el conflicto ya es alto para ambas partes. «El deterioro del vínculo de legitimidad con sus electores va a ser lo más intenso», advierte. «Y eso ya es mucho más delicado para el futuro político del gobierno».
Lecciones del conflicto
El conflicto también deja lecciones necesarias para el campo movilizado y para el conjunto de la sociedad. La primera es sobre quiénes capitalizan este tipo de medidas. Los ganadores, dice Pedraza, son «los que no están interesados en el fortalecimiento democrático, en la recuperación de las instituciones, en la vigencia de la ley». Aquellos «acostumbrados a imponer sus caprichos, sus intereses, que no son los de la mayoría del país». Aunque su propia economía se haya debilitado, lograron su objetivo de «mostrar su capacidad de paralizar un país y de lograr la paralización del gobierno».
La segunda lección es sobre el precedente. «A los seis meses de gobierno, ya en dos oportunidades los movimientos corporativos, los herederos de los 20 años del MAS, han logrado poner de rodillas al Estado», afirma. Imaginar que el episodio no se repetirá «no es realista». Por eso fija una condición que interpela a los movilizados: el gobierno «tiene que cumplir su periodo constitucional» y quienes protestan deben someterse a la ley. «Si no se someten a la Constitución, si no respetan el periodo gubernamental, simplemente están prolongando la agonía del gobierno democrático. O sea, del Estado como conjunto de instituciones democráticas», puntualiza.
Su pronóstico para los próximos meses es austero. «Vamos a seguir en un nivel de conflictividad medio-alto, porque la situación económica es grave, gravísima, y el peso de ese conjunto de problemas es mucho mayor que la capacidad de aguante del gobierno».
Recuperar el Estado, integrar el país
La salida que dibuja Pedraza tiene dos caras inseparables. Una es la legalidad. «Esa es la tarea central: la reconstrucción de las instituciones y el restablecimiento del Estado de Derecho», afirma. Sin designaciones formales, sin fin de los interinatos, sin idoneidad en la función pública, el Estado seguirá funcionando «al vaivén de las capacidades de gestión del grupo de turno». La otra es la legitimidad. Un ejercicio del poder que asuma la diversidad del país y equilibre los territorios y las fuerzas que lo componen, empezando por la propia base que llevó a Paz a la Presidencia.
Si la negociación concluye, anticipa, «el periodo que viene no va a tener nada que ver con el que se cierra. Vamos a ver cambios en el discurso, vamos a ver seguramente otros actores políticos». El objetivo está claro: «recuperar la economía, recuperar las instituciones, recuperar el Estado de Derecho». Sobre la voluntad y la capacidad para lograrlo, Pedraza prefiere la honestidad al optimismo. «Si es así y se lo logra, bienvenido, enhorabuena, pero tengo mis dudas, serias dudas», reflexiona.
