El conflicto por la explotación del litio es de nunca acabar, y hay un denominador común en ese problema. Hace 37 años, el entonces gobierno de Víctor Paz Estensoro anulaba un primer proyecto destinado al aprovechamiento de ese recurso en el país.
Desde entonces, la sombra de la compañía estadounidense Lithium Corporation of America (Lithco) aún acecha al litio.
En 1988, el gobierno de Paz Estenssoro, a través del Ministerio de Minería, invitó a la compañía estadounidense a negociar un contrato para el aprovechamiento de la materia primar en áreas específicas del salar. Ese contrato con la Lithco debía ser convalidado por el Congreso Nacional.
Fue el primer acercamiento más efectivo con una empresa extranjera que se hiciera cargo de la explotación de ese recurso. En agosto de ese año, el ministro de Minería, Jaime Villalobos, firmó el contrato preliminar con el representante de la transnacional.
litio. En su estudio El litio: una perspectiva fallida para Bolivia (1995), Wálter Orellana recuerda que, desde que se hizo público el borrador del contrato en 1989, se produjeron airadas protestas, hasta que, en mayo de 1990, el nuevo presidente, Jaime Paz Zamora, desestimó el documento con el argumento de que éste violaba la norma al no cumplir con una licitación internacional.
Invitación directa
La invitación directa fracasó. Organizaciones como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), los comités cívicos de Nor y Sud Lípez, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) y otras propiciaron las movilizaciones.
El nuevo gobierno quiso hacer bien las cosas. Convocó a una licitación internacional que la misma Lithco se adjudicó. En febrero de 1992 fue suscrito el contrato de riesgo compartido. Sin embargo, en 1993, la compañía abandonó el país debido a su desacuerdo con cláusulas adicionales del contrato. Se instaló después en otro yacimiento de litio, el Salar del Hombre Muerto de Argentina.
Había muerto el primer intento boliviano de explotación del salar de Uyuni a través de una empresa transnacional.
Décadas después, en el gobierno de Evo Morales, otro proyecto fracasó en el intento.
El 10 de diciembre de 2018, en el presidente promulgó el Decreto Supremo 3738, cuyo artículo 2 establecía la creación de la empresa mixta YLB-ACISA-E. M., una filial de la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).
El artículo 5 definía los capitales autorizados, suscritos y pagados entre la empresa estatal boliviana y la alemana ACI Systems Alemania GmbH Sucursal Bolivia; es decir, el 51% de las acciones para YLB y 49% para ACISA.
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2019
La creación de la empresa mixta —destinada al “procesamiento industrial en territorio boliviano de hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, otras sales, ácido bórico y litio metálico a partir de la salmuera residual” del salar de Uyuni, y comercialización nacional e internacional de los productos generados— movilizó también a Comcipo, cuyo presidente de entonces era Marco Pumari, ahora acusado por las protestas que derivaron en la caída, el 10 de noviembre de 2019, de Morales.
Finalmente, el 2 de noviembre de ese año, en plena efervescencia contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), el mandatario abrogó la norma a través del Decreto Presidencial 4070 y anuló la intervención de la empresa alemana en el proyecto.
Ahora, el gobierno del presidente Luis Arce está envuelto en un similar conflicto sobre la explotación del litio en el país.
El 26 de noviembre de 2024, YLB suscribió un contrato con la empresa china Hong Kong CBC para la inversión de $us 1.030 millones en el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio en el salar.
movilizaciones. Antes, el 11 de septiembre, firmó un contrato similar con la empresa rusa Uranium One Group.
Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con CBC, decisión que desató nuevas movilizaciones de Comcipo y otras organizaciones en el país.
2025
“El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos. Cuidado que mañana ya aparezca las baterías de hidrógeno y de sodio”, advirtió el mandatario.
Consultado el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, sobre este extremo ayer por La Razón, dijo que el Gobierno “en ningún momento tuvo la molestia y la valentía de explicar” los contratos a la dirigencia cívica.
Cuestionó que, “a estas alturas, es tarde para socializar” los documentos, cuando, en su criterio, debería ser la primera tarea del Gobierno antes de firmar los contratos. “Es un error”, afirmó.
Desde hace dos semanas, Comcipo se encuentra en emergencia. “Como siempre, nos vieron la cara de tontos a los potosinos”, reclamó Pérez molesto.
Sin embargo, abrió la posibilidad de permitir el reencauce de los contratos, que, en su criterio, deben firmarse “con racionalidad” y en beneficio de Potosí y el país.
Comcipo
Cuestionado sobre por qué siempre Comcipo se opuso a la explotación del litio, tomando en cuenta similar situación hace 32 años con Lithco, Pérez admitió: Antes, durante la gestión de otros dirigentes de la organización, “hubo oposición por oponerse”.
Incluso informó que, este lunes, consejos de Nor y Sud Lípez se reunirán para plantear su posición final sobre los contratos y que una de las determinaciones posibles será “priorizar” el turismo en Uyuni antes que la explotación del litio en los salares potosinos.
“Vamos a tener que tomar una posición como Comcipo”, dijo en relación al eventual respaldo de su organización a los consejos.
Vamos a tener que “sincerar” nuestros criterios, reconoció.
Coincidentemente a ese encuentro, adelantó que el martes asistirá a la posesión del nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y también a la reunión de los nueves comités departamentales en la ciudad de Oruro. En esta última se prevé que participe también el Comité Multisectorial, que, eventualmente, se sume a la demanda de frenar los contratos.
Pérez admitió que en 32 años Potosí perdió regalías del litio, aunque cuestiona un posible 3%.
