El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) informó que, hasta diciembre de 2024, un total de 134.357 unidades económicas en Bolivia han declarado a sus beneficiarios finales, cumpliendo con los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este mecanismo, que identifica a las personas naturales que controlan o se benefician de una empresa, busca combatir el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.
La distribución geográfica muestra que La Paz lidera el registro con 43.092 unidades económicas (32,1% del total nacional), seguido por Santa Cruz con 39.488 (29,4%) y Cochabamba con 24.141 (18%). En menor proporción figuran Tarija (4,7%), Oruro (4,5%), Potosí (4,2%), Beni (2,4%) y Pando (0,8%).
Puede leer: ANH anuncia reunión por combustible en Santa Cruz
Beneficiarios
En cuanto a la estructura societaria, las Empresas Unipersonales dominan con 96.081 registros (71,5%), seguidas por las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) con 35.628 (26,5%), las Sociedades Anónimas con 2.117 (1,6%) y las Sociedades Constituidas en el Extranjero con 500 (0,4%).
El trámite más recurrente fue la Renovación de Matrícula de Comercio, con 95.012 registros, seguido por las Inscripciones de Empresas Unipersonales (21.518) y las Inscripciones de SRL (6.406).
El concepto de Beneficiario Final, definido como la persona natural que ejerce control real sobre una entidad, es clave para desarticular estructuras que ocultan actividades ilícitas mediante empresas ficticias.
Estos avances responden a la Recomendación 24 del GAFI, que exige a los países fortalecer la transparencia en la propiedad de personas jurídicas.
Desde 2022, el Seprec implementó ajustes normativos y mejoras en su sistema Registro de Comercio (RECOP) para facilitar la declaración obligatoria.
La institución destacó que este proceso no solo alinea a Bolivia con normas globales, sino que promueve un entorno empresarial más seguro y formalizado.
Sin embargo, también se reconoce que el éxito dependerá de la fiscalización activa y la integración de datos con entidades como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar operaciones sospechosas.
Con estos avances, el país busca evitar sanciones internacionales y consolidar su reputación en el sistema financiero global.
