El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este lunes que pedirá a la Justicia la permanencia del exlider cívico Marco Antonio Pumari en La Paz ante las posibles audiencias continuas en el caso Golpe de Estado I.
“Vamos a pedir al juez, si es que va a hacer las audiencias más continuas, que Marco Antonio Pumari permanezca en La Paz, en el penal de San Pedro. Nosotros vamos a garantizar su estadía y que no tenga ningún problema al interior del centro penitenciario”, dijo Limpias.
Señaló que, el traer y llevar a Pumari desde la cárcel de Cantumarca, Potosí, genera una logística que obedece a un gasto para el Estado y la administración penitenciaria.
Respecto a la salud, luego que sufriera una descompensación en la pasada audiencia, Limpias manifestó que el excívico está estable. Además, afirmó que, por seguridad en predios del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hay una ambulancia ante posibles contingencias.
“La anterior oportunidad (en su descompensación) igual nuestros médicos han atendido a Marco Antonio Pumari. Hemos descartado en su momento que no haya habido un personal médico para atenderlo. Más bien, hubo personal que lo ha atendido y ahí están las evidencias”, aseveró.
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Este lunes comenzó la prueba testifical y para ello están convocados exautoridades legislativas y actores políticos para que declaren como testigos por el caso Golpe de Estado I. Posterior a ello, en un par de semanas, se entrará a la fase de alegados y la sentencia.
Pumari y Luis Fernando Camacho retornaron a sus recintos en los que están recluidos luego de que la Justicia dictó una pausa hasta el 20 de marzo.
El caso Golpe de Estado I se refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre.
El hecho fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty a finales de 2020.
Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
